ALVARO: DE NIÑO TERRIBLE A ADOCENADO ESCRIBIDOR, Jose Rejas

ALVARO: DE NIÑO TERRIBLE A ADOCENADO ESCRIBIDOR

Jose Rejas

 

Como exponente reaccionario y con cartel de “superado” internacional asume su rol de codefensor de la causa chilena ante La Haya

 

Álvaro Vargas Llosa, hijo del prolífico y laureado escritor Mario Vargas Llosa, de ningún modo por mera casualidad, ha publicado en el diario “La Tercera” de Santiago de Chile, segundo diario en importancia de ese país, un artículo denominado “Carta Abierta a Torre Tagle” el día de ayer 15 de diciembre de 2012. Aquél, nacido en el Perú, sin embargo no reside habitualmente en nuestro país, pero como furibundo militante ultra liberal, en unos casos haciendo comparsa a su padre y en otros por propia iniciativa – habiendo en algunos de éstos sido desautorizado por aquél -, se traslada al país en determinadas coyunturas políticas para generalmente auspiciado por el prestigio de su padre abogar por las causas más reaccionarias o intentar neutralizar o contrarrestar las posibilidades de derrota de las posiciones más derechistas y el ascenso de sectores progresistas del espectro político nacional.

 

En la mayoría de oportunidades en que apareció en el espectro político nacional lo hizo para actuar bajo el cobijo ya indicado en alianza con su amigo, igualmente ultraliberal y ultrareaccionario, Jaime Bayli, compartiendo cuando juntos derrotas a pesar de denodados y escandalosos esfuerzos. Desde hace y pese a que se distanció de Bayli ha compartido éxitos y fracasos con él, siendo así que éste en una última oportunidad acertó contra su oposición en la elección de la Alcaldesa Villarán – a cuya campaña aportó por no haber sido aceptada su propuesta de apoyo a la candidatura de la oponente Lourdes Flores, por parte del PPC -, mientras Álvaro en cambio con la oposición furibunda de Bayli auspició con su padre exitosamente en segunda vuelta la victoria electoral del hoy Presidente de la República Ollanta Humala Tasso. Independientemente a su real o supuesto distanciamiento, ambos además comparten la afición de escribas por dinero, es decir su condición común de “plumíferos”, pues como se supo Bayli cobró US $ 300 mil por la campaña que desató en América Televisión contra la última candidatura de Humala, como de otro lado que Álvaro es colaborador asiduo del ya mencionado diario chileno del cual por ende percibe honorarios, honor que no le ha cabido regularmente en algún diario nacional. En tal condición hacen parte de una generación conformada por más o menos jóvenes profesionales con escasos principios y mucha avidez por los negocios y negociados, entre quienes destacan ciertos abogados egresados de una universidad privada limeña que comúnmente participan con éxito en lides regionales y municipales.

 

Conforme a su ideología ultraliberal y debido también a su constante tránsito internacional cercano al de su padre, Álvaro acostumbra a usar como parte de su plataforma ideológica su “superado” internacionalismo burgués, que lo hace adoptar una muy crítica posición frente al “estrecho nacionalismo”, con lo que coincide en vocación con el capital transnacional – actor del oligopolismo que todo economista y cientista social serio reconoce como preeminente en los tiempos actuales -, al que defiende no obstante decir fundamentarse en el más puro liberalismo en su momento defensor de las libres competencia y concurrencia en el mercado. Conforme a su naturaleza entonces defiende los intereses de quien lo sufrague, independientemente de su nacionalidad, justificado además por su superado internacionalismo que lo distancia de la estrechez de miras del nacionalismo. No es pues, en esencia, un traidor a una patria a la cual por ideas y existencia acaso no siente como suya o de la cual se siente por lo menos lejano; como veremos es, más bien, un operador de los intereses transnacionales oligopólicos, actuando independientemente de la nacionalidad formal de éstos y de la propia .

 

Su verdadero oficio es el de narrador, aunque por no haber cabalmente heredado el talento de su padre, por necesidad crematística y a objeto de mejor cumplir su rol de operador mediático de esas transnacionales, funge de periodista, cobertura que le permite facilidades para el cumplimiento del indicado rol. Desde luego, como tal operador acude donde sea necesario defender los intereses de sus auspiciadores, sea del acoso que sufran cuando algunos regímenes progresistas de nuestro continente intentan limitar su actuar monopólico o de la amenaza general que les represente el eventual ascenso de sectores progresistas al poder. Aunque en algunos casos su liberalismo político ha tenido efectos progresivos en el detenimiento de excesos dictatoriales en algunos países, incluido el nuestro en que coadyuvó a enfrentar los del ex dictador Fujimori, lo que le permitió alcanzar cierto prestigio, en esencia pregona y practica un ultraliberalismo económico que apoya el libre desenvolvimiento de sus auspiciadores oligopólicos, lo cual le reditúa más que suficientemente. Entre los intereses que defiende, se destacan los del capital chileno aliado del transnacional, lo que explica en la actual coyuntura su cerrada e interesada defensa de los intereses del estado chileno que los representa y que actúa como gendarme sub continental. Acaba de concentrar su defensa en su artículo “Carta abierta a Torre Tagle”, escrito desde Miami pero publicado por el Diario “La Tercera” de Santiago de Chile, del cual es colaborador regular.

 

Su interesada, subjetiva e insustentada defensa de los intereses chilenos en La Haya

 

En prueba de mi apreciación, las consideraciones anteriores se expresan cabalmente en el conjunto, pero más particularmente en el 40% de la extensión total de su artículo que dedica a presentar su preámbulo, al que seguirá su posterior intento de demostración de la supuesta improbabilidad de que el Perú salga victorioso respecto al aspecto principal de su demanda de delimitación marítima con Chile que corre ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya: que la frontera marítima se dé a través de una línea equidistante o bisectriz del ángulo que forman el paralelo que Chile usa como límite supuestamente pactado en la Declaración de Santiago de 1952 y la línea trazada siguiendo el curso de la costa peruana. Previo a ello, como buen plumífero prepara minuciosamente su interesada exposición intentando condicionar subjetivamente al lector a recibir positivamente su falaz “sustentación” posterior, al precisar desde el inicio del artículo que en su título usa “el apelativo con el que se los conoce por la casona virreinal que les sirve de sede principal” – Torre Tagle -, interesada porque inmediatamente a continuación pretende demostrar que en el Perú se vive en anacronismo mental que supuestamente se expresaría en continuar denominando a la sede de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores por su nombre de origen virreinal, respecto a lo cual además yerra en señalar que se trata de un apelativo sin serlo sino un nombre, como en referirse al mismo no en singular como es sino en plural conforme se acaba de transcribir.

Así es que, luego de su interesada referencia, en el preámbulo se dedica, en efecto, a intentar demostrar que nuestros diplomáticos viven en el pasado, ni siquiera inmediato anterior del Siglo XX sino nada menos que decimonónico (del siglo XIX), lo cual sólo afirma y en ningún modo demuestra, con lo que actúa en la misma línea con el torpe, desarmado e infantil estilo de sus co defensores de la tesis chilena  ante La Haya, lo cual pretende sustentar con su señalamiento en el cuarto párrafo de su artículo de que es decimonónico pretender recién establecer tratados de límites como antes sí se justificaba en haberse surgido como país a la era republicana con fronteras indefinidas, lo que ahora modernamente no correspondería en su opinión en el caso de Chile por estar esencialmente resuelto todo diferendo con ese país y respecto de lo cual se insiste sólo para obtener réditos políticos, posición que él declara rechazar.

 

Y, pese a no demostrar que ello estaba ya resuelto y con sólo agregar que ello estaría probado por el hecho de que ya en 1998 en nuestro país se había declarado haberse cerrado todos los conflictos limítrofes, se dedica a exigir un cambio de mentalidad supuestamente anacrónica y pro – rédito político, no obstante que refiere infelizmente la citada declaración y con ello demuestra más bien que al contrario es él quien tiene intereses incluso más subalternos que los políticos, cuales son los de hacer el favor al estado chileno en la coyuntura actual de propagandizar su causa, pues para dar por correcta y válida su afirmación cita más bien términos usados con evidente propósito político por el ex dictador Fujimori de presentarse con tal atributo aprovechando la coyuntura de la suscripción del tratado de paz con Ecuador en 1998, cuando tal no era compartida ni mucho menos por nuestra diplomacia, la cual en el deber de defender los intereses permanentes de la República independientemente de quién es el gobernante de turno al contrario se encuentra bien preparada y modernizada, según lo viene demostrando en la actualidad con motivo de su actuación ante La Haya.

 

Y pese a ello, nuevamente continúa con su cadena de afirmaciones sin demostración alguna – reitero, en el estilo pleitista infantil mostrado por la diplomacia chilena ante la Corte de La Haya -, saltando audazmente ya a concluir en que nuestra demanda tiene poca probabilidad de éxito porque simplemente la tradición anacrónica de nuestra diplomacia – meramente “formalista y reglamentarista” según él – conforme supuestamente a la cual deducimos en base a los documentos clave del proceso de La Haya – el Decreto Supremo en el que el Presidente Bustamante y Rivero proclamó nuestra soberanía sobre las 200 millas marítimas frente a nuestras costas, la Declaración de Santiago de 1952 y el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954-, que no hay un tratado; ya que, según él – poniéndonos palabras en la boca o atribuyéndonos falazmente que habríamos deducido que no lo hay en sentido perfecto e integral, cuando en realidad sostenemos que simplemente no lo hay en ningún sentido con relación a frontera marítima -, esa tradición y estilo no se corresponden con el análisis no formal o a la letra sino sustantivo que emplean los letrados de la Corte para emitir sus sentencias, para quienes, culmina, “será extraordinariamente difícil concluir que no se acordó nunca una frontera marítima”. Centralmente Álvaro resume, destilando toda su ponzoña, que “Esta tradición hace que nos importe la letra pero no el espíritu. No importa que el espíritu diga una cosa si la letra, torcida por nuestro formalismo interpretativo, dice otra”.

 

Al respecto, nuestra diplomacia ha demostrado en sus alegatos que al contrario, lejos de basarse en formalismo ni en reglamentarismo alguno sino en el análisis del espíritu de los que él mismo reconoce son los documentos claves del proceso en discusión, no hay o no existe el tratado de frontera marítima entre Perú y Chile. Y, a diferencia de Álvaro y sus co defensores de la tesis chilena, que no lo hacen en modo alguno, nosotros si vamos a sustentar, reiteradamente, en base al indicado análisis de los referidos documentos clave, lo que decimos:

 

a)  Con respecto al Decreto Supremo en el que el Presidente Bustamante y Rivero proclamó nuestra soberanía sobre las 200 millas marítimas frente a nuestras costas (D. S. Nº 781 de 01.08.47): apreciamos que su parte considerativa sustenta la necesidad y potestad de declarar la soberanía del país sobre la plataforma submarina o zócalo continental que forma con el continente una sola unidad morfológica y geológica (1er. considerando) y sobre las riquezas naturales existentes en dicha plataforma que pertenecen al patrimonio nacional (2º considerando), así como de proteger, conservar y reglamentar el uso de los recursos pesqueros y otras riquezas de las aguas que cubren la plataforma en forma que su explotación no cause detrimento a la economía ni a la producción alimentaria del país (3er. considerando) y de la riqueza fertilizante guanera existente en las islas del litoral peruano que justifica las indicadas protección, conservación y reglamentación (4º considerando), derecho a ser aplicado en toda la extensión necesaria para la conservación y vigilancia de las indicadas riquezas como ha sido declarado por otros estados y admitido prácticamente en el orden internacional (5º considerando). Como se puede apreciar, en dicha parte, en que debe constar el espíritu o motivación de la norma, efectivamente consta que su propósito es afirmar soberanía sobre todo el espacio marino y submarino adyacente a nuestras costas con el fin de proteger la riqueza ahí existente.

 

En la parte resolutiva, en coherencia con la considerativa, se declara soberanía y jurisdicción o dominio sobre la indicada plataforma submarina o zócalo continental e insular adyacente a la costa que se indica forma parte del territorio nacional (1ª resolución), así como sobre el mar ahí existente en la extensión que sea necesaria para proteger las riquezas que alberga (2ª resolución), razón esta última por la que se reserva el derecho de establecer la demarcación de las zonas de protección y control del Gobierno sobre las riquezas de nuestros mares continentales e insulares y de modificarla por nuevos descubrimientos, estudios e intereses nacionales que se adviertan en el futuro, declarando que ese control y protección recae sobre el mar adyacente a las costas y a las islas hasta una línea imaginaria paralela a ellas trazada a 200 millas marinas de distancia de las mismas siguiendo la línea de los paralelos geográficos (3ª resolución), todo lo cual no afecta el derecho de libre navegación de naves de todas las naciones conforme al derecho internacional (4ª y última resolución).

 

Así entonces tenemos, con toda claridad que el Decreto Supremo, en orden a proteger la riqueza del mar adyacente a nuestras costas e islas decreta soberanía y dominio sobre el mar y plataforma en su base – cualquiera sea su profundidad – hasta las 200 millas marinas de distancia de nuestras costas e islas, es decir se muestra el espíritu y se consagra de hecho, es cierto, un límite marítimo, pero sólo del límite exterior hasta el cual se extiende y que es el de las 200 millas, no así un límite de colindancia respecto a dicho mar con algún otro país, sea Ecuador o Chile. Obviamente, por tales razones en el Decreto Supremo no existe ni el espíritu ni se declara en forma alguna frontera marítima con ninguno de los 2 países con mares colindantes, no pudiendo confundirse la referencia a paralelos geográficos (plural, genérico) como si se tratara de la línea de paralelo, que no es además paralelo geográfico porque más bien corta al que Chile hace referencia como su límite marítimo con el Perú, cuestión clara salvo para quienes como Chile muestra más bien la actitud sicológica de niño malcriado o de adolescente de esquina que Álvaro trata de imitar y que es lo que en realidad sí debe cambiar, no así algún supuesto formalismo o reglamentarismo que falsamente nos atribuye con el fin de hacer una defensa “criolla” de sus intereses.

 

Es pertinente a todo esto señalar que siendo el texto del Decreto de la Presidencia de la República de Chile de 23 de junio de 1947 – por ende sólo poco menos de un mes y medio anterior al Decreto Supremo del Presidente Bustamante y Rivero -, de redacción muy similar y significado absolutamente equivalente a nuestro pronunciamiento, tenemos que también Chile fija un límite sólo exterior hasta el cual se extiende su soberanía y que es el de las 200 millas y en modo alguno un límite de colindancia respecto a dicho mar con el de algún otro país; siendo necesario agregar que más aún, en su Decreto presidencial Chile no sólo no hace referencia alguna a algún paralelo distinto ni menos que corte un paralelo geográfico – razón por la que no sería un paralelo geográfico, es decir ni remotamente la línea paralela a su punto de mar en Arica que sólo después se atribuiría como límite marítimo con el Perú -, sino que además siquiera hace referencia a paralelos geográficos como base de demarcación del límite exterior de su mar como sí lo hace el Perú, sino sólo a una línea paralela que denomina matemática, equivalente a la línea imaginaria a que se refiere el Decreto Supremo peruano, trazada a 200 millas de distancia de sus costas.

 

Con todo lo cual queda absolutamente claro que ni en el Decreto Supremo de Bustamante y Rivero ni en el Decreto presidencial de González Videla (ambos de 1947), se fijó límite o frontera marítima entre los mares colindantes de Perú y Chile, sino sólo en ambos casos el límite exterior a cada uno de sus mares distante a 200 millas marinas de sus costas, por lo que las señaladas declaraciones unilaterales no constituyen espíritu ni determinación en ningún modo de frontera marítima alguna entre sus países emisores, ni pueden ni por asomo constituir antecedente alguno de su determinación.

 

Conviniendo indicar que, de acuerdo a http://es.wikipedia.org/wiki/Paralelo, se denomina paralelo al círculo formado por la intersección de la esfera terrestre con un plano imaginario perpendicular al eje de rotación de la Tierra, por lo que siendo este eje una línea de ordenada o vertical en un plano cartesiano pero inclinada que debe ser cortada por los paralelos éstos son líneas paralelas a la línea ecuatorial, de donde teniendo en cuenta la configuración de las costas de América y en particular las de Perú y Chile se tiene que a través de paralelos sólo se puede medir distancias que se consideren límites marítimos exteriores y no adicionalmente puntos de delimitación vertical (inclinados) tales como los que se requieren para establecer límites entre mares contiguos, razón adicional por la cual los límites ya señalados contenidos en ambos decretos son sólo exteriores y no contiguos entre Perú y Chile. Cuando se establezcan dichos límites o fronteras marítimas se deberá establecer las coordenadas geográficas, no sólo la latitud (distancia entre un línea paralela a la ecuatorial y ésta, en el caso de Chile y Perú la latitud sur, en el sistema sexagesimal) sino también la longitud (distancia entre una línea paralela al meridiano de Greenwich y éste, oeste en el caso de Perú y Chile, expresada en grados sexagesimales), de varios puntos cuya unión a través de rectas señale expresamente todo el recorrido de la línea demarcatoria entre los mares de ambos países.

Nada de esto, que constituye un análisis sistemático en derecho que interpreta principalmente el espíritu de las normas – aunque aquí de modo muy sintetizado -, de manera nada formalista ni reglamentarista, discute ni menos demuestra el Sr. Vargas Llosa Jr., a la manera de sus codefensores de la tesis chilena de la supuesta ya existencia de demarcación marítima entre ambos países, no obstante lo cual y conforme a su tradición “pragmática”, no formal – en realidad más bien informal, pese también a que contradictoriamente en su preámbulo afirma con ánimo de injuria que los peruanos nos caracteriza la informalidad producto de su contrario formalismo nuestro (¿?) – y  de simple ocupación y posesión como elemento de derecho abusivo que pretende evitar que se la señale, se atreve a tipificar nuestra tradición jurídica como formalista y reglamentarista.

b)  Con relación a la Declaración de Santiago de 1952 (18 de agosto de 1952): de su parte considerativa, en que únicamente se señala como su propósito conservar y proteger los recursos naturales marinos y reglamentar su aprovechamiento (2º considerando), así como impedir que la explotación de los que están fuera de su jurisdicción las ponga en peligro en perjuicio de sus pueblos al poseer éstos en sus mares fuentes insustituibles de subsistencia y de recursos económicos vitales (3er. considerando), en orden a asegurarles las necesarias condiciones de subsistencia y de procurarles los medios para su desarrollo económico (1er. considerando), se deduce que su espíritu era sólo de protección medio ambiental y económica de los pueblos de los países suscribientes y por ende de los recursos existentes en los mares adyacentes a sus costas, todo lo cual es ratificado en la parte considerativa final en términos de  conservación y aseguramiento “para sus pueblos respectivos de las riquezas naturales de las zonas del mar que baña sus costas”.

 

Sin embargo, ya en la parte resolutiva de la declaración, aunque siempre con el propósito o espíritu ya señalado, se establece o declara “la soberanía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas (2ª resolución) y sobre el suelo y subsuelo que a esa soberanía y jurisdicción corresponden (3ª resolución), así como aplicable a todo el contorno de las islas ubicadas frente a sus costas (1ª parte o inicial de la 4ª resolución), todo ello debido a que los factores geológicos y biológicos que condicionan la existencia, conservación y desarrollo de la fauna y flora marítimas en las aguas que bañan las costas de los países declarantes hacen que la antigua extensión del mar territorial y de la zona contigua sean insuficientes para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de esas riquezas (1ª resolución); así también, establece un solo elemento de delimitación de frontera marítima cuando señala que “Si una isla o grupo de islas pertenecientes a uno de los países declarantes estuviere a menos de 200 millas marinas de la zona marítima general que corresponde a otro de ellos, la zona marítima de esta isla o grupo de islas quedará limitada por el paralelo del punto en que llega al mar la frontera terrestre de los Estados respectivos” (parte final de la 4ª resolución).

 

Por lo señalado y en su conjunto, la Declaración de Santiago tiene por espíritu establecer la misma jurisdicción hasta un límite exterior de los mares de cada uno de los países suscribientes distante a 200 millas marinas de sus costas, de que ya trataban las declaraciones unilaterales previas (Decretos), siempre como en estos casos con el fin de proteger las riquezas existentes en sus mares adyacentes a favor de sus pueblos, pero a la vez, es cierto, introduce un solo elemento de delimitación fronteriza como el del paralelo del punto en que llega al mar la frontera terrestre de los Estados respectivos, elemento introducido a solicitud de Ecuador por ser de su interés al serle plenamente aplicable por existir islas en el Golfo de Guayaquil que en la proyección en el mar del contorno costero se ubican a menos de 200 millas marinas de distancia de la jurisdicción peruana, pero que en su conjunto forman un archipiélago que usando el paralelo geográfico existente en el punto de frontera común se ubican frente al Ecuador.

 

Ahora bien, pese a convenir a Ecuador la existencia del elemento de delimitación del paralelo geográfico en el punto de frontera terrestre común, en su oportunidad no hizo constar que ya de hecho tal era aplicable a su caso, sino mucho tiempo después y de forma unilateral, siendo que sólo en el año 2011 el paralelo respectivo ha pasado a ser frontera marítima común al suscribir el Tratado específico sobre la materia con el Perú. Chile, en cambio, consciente que no le era aplicable, jamás hizo mención a situación similar, ni siquiera luego de suscribir la Convención de Derechos del Mar en 1998 ni luego al depositar sus cartas de navegación, en las que sin embargo hizo constar el paralelo como límite pero no en virtud de la existencia del elemento insular del caso, que no existe, sino de su voluntad unilateral, lo cual no constituye ni puede constituir de modo alguno un Tratado de Límites o Fronteras Marítimas.

 

En la primera rueda de intervenciones en la fase oral de la controversia que se ventila ante La Haya, Chile ensayó mencionar que se encuentra en la condición de poseer islas que proyectadas desde el contorno de las costas peruanas se ubicarían a menos de 200 millas marinas de distancia de aquéllas, pero usando el paralelo desde el límite terrestre común en cambio se ubican en su jurisdicción, como supuesto elemento probatorio de la fijación de frontera terrestre en la Declaración de Santiago de 1952, siendo tales las Isla Blanca y la del Alacrán, pero en la segunda ronda y final de la fase no insistió en ello, seguramente en conciencia de lo mal que quedaría en insistir en usar elementos fuera de toda razonabilidad y comprobación, ya que como se puede leer en http://www.minube.com/rincon/isla-del-alacran-a914991 referido a Antigua isla del alacrán, Arica (Chile), “El nombre de la isla del Alacrán ha quedado obsoleto, aunque antaño sí gozaba de su condición de isla en 1964 se unió al puerto mediante una lengua de tierra artificial de unos 460 metros de longitud. Esta isla fue utilizada, en sus orígenes, como lugar de pesca de mariscos y de extracción de guano (años atrás también fue llamada “isla de guano”), posteriormente se usó como lugar de presidio para alojar a lanzaderas durante la guerra. Actualmente sirve como club náutico”, mientras que por otra parte según http://es.getamap.net/mapas/chile/bio-bio/_blanca_isla/ la Isla Blanca se ubica lejos de la zona de proyección de la costa peruana y del mismo paralelo invocado por Chile como frontera marítima con Perú, incluso más al sur que Antofagasta, en la región del Bío Bío, por lo que el mencionado “argumento” por ambas consideraciones resultó ser un disparate, lo cual sin embargo nos ha mostrado de lo absurdo que es capaz Chile en defensa de sus intereses.

Ahora bien, atendiendo siempre al espíritu, intención o propósito de las normas, más que a su formalidad o reglamentación, de otro lado cabe también discernir si esta Declaración constituye o no un Tratado y si en  caso lo fuera lo sería de límites o fronteras, cuestión que se considera crucial para el desenlace de la contienda en La Haya, en particular si se tiene en cuenta que en la primera ronda de la referida fase oral la delegación peruana sostuvo que la misma no lo constituía en ninguno de los sentidos, mientras en la segunda admitió a través del Abogado Allain Pellet que lo era en general pero no de frontera. Al respecto, en principio tenemos que http://www.ilce.edu.mx/sunrise/documents/Convencion_de_viena_derecho_tratados pdf, quecontiene la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 27 de enero de 1969, en la versión oficial “U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, entered into forcé”, nos ilustra en su parte I Introducción: “2. Términos empleados. 1. Para los efectos de la presente Convención: a) Se entiende por “tratado” un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular; como por otra parte http://www.un.org/spanish/documents/instruments/terminology.html, que condensa las “Declaraciones y Convenciones que figuran en las Resoluciones de la Asamblea General de la ONU”, en lo que se refiere a sus Definiciones de términos para la base de datos precisa que “El término “declaración” se utiliza para designar distintos instrumentos internacionales. No obstante, las declaraciones no son siempre jurídicamente vinculantes. Este término se usa a menudo deliberadamente para indicar que las partes no desean establecer obligaciones vinculantes sino simplemente dan a conocer determinadas aspiraciones. Un ejemplo de ello es la Declaración de Río de 1992. No obstante, las declaraciones también pueden constituir tratados en sentido genérico que han de tener carácter vinculante con arreglo al derecho internacional. Por ello, es necesario establecer en cada caso si las partes tenían intención de crear obligaciones vinculantes”.

Para juzgar si la Declaración constituyó y constituye un Tratado o no, si bien debemos auxiliarnos con el texto e interpretación de lo que aparece en las definiciones oficiales referidas, debemos hacerlo, así como estableciendo en cada caso la intención o espíritu de las partes de crear obligaciones vinculantes o no, también considerando el contexto en que se daban los acuerdos de que se trate, particularmente los alcances y nivel hasta el cual se había desarrollado en la época de los acuerdos el derecho internacional público, con lo cual debemos atender y entender la clara pertinencia de la pregunta formulada por el Juez marroquí de La Haya a las partes al término de la primera vuelta de la fase oral del proceso, formulada en el sentido de si en 1952 era posible de acuerdo al derecho internacional fijar fronteras marítimas.

Respecto a lo cual debo señalar que las definiciones acotadas todas son aplicables por lo menos sólo desde 1969 en que recién se emitieron conceptos generalmente aceptados por la comunidad internacional en derecho internacional público a partir de la Convención de Viena, acorde al principio de irretroactividad de las normas, rigiendo en 1952 como norma de soberanía marítima especialmente emanada de la costumbre y por ende generalmente no escrita la recayente sobre las aguas adyacentes a las costas y el subsuelo desde distancias mínimas de 3 a máximas de 12 millas marinas. Teniendo en cuenta ese elemento sustancial tenemos que, aún considerando forzadamente la misma definición de Tratado vigente desde 1969, la Declaración de Santiago, pese a haber sido celebrada por escrito y entre Estados, no logra estrictamente constituirse en Tratado por no estar regido por el derecho internacional vigente al momento de su suscripción (1952), pues la norma entonces vigente y ya señalada era muy distinta a la que se pretendía recién pioneramente instituir en 200 millas de soberanía; para no añadir la imposibilidad de hacerlo en las condiciones técnicas de entonces, en que respecto a discernimiento de derechos de soberanía se continuaba actuando con faros que sólo permitían un enfilamiento para las naves en ningún caso mayor a 15 millas marinas, por lo que la respuesta a la pregunta del Juez era y, en efecto fue de la parte peruana, que en las condiciones vigentes en 1952 no era posible efectuar la delimitación de las fronteras marítimas entre Perú y Chile.

Por otra parte, tenemos que pese a que en la parte resolutiva de la Declaración predomina la determinación de establecer soberanía en una demarcación con límite exterior a contrapelo de que en la parte considerativa sólo se mencionan derechos de protección del medio ambiente y económicas a favor de las poblaciones de nuestros países, luego no se declara siquiera alguna intención de establecer fronteras entre los mares contiguos de esos países ni conforme a las reglas ahí establecidas, que dicho sea de paso tampoco lo hubieran permitido por referirse a un solo elemento demarcatorio cual es el de la existencia de islas en las proximidades de la probable frontera, por lo que no se advierte un propósito o intención vinculante sobre materia demarcatoria entre los países suscriptores de la Declaración propia de un Tratado, configurándose más bien un propósito de sólo afirmar una aspiración común como la defensa de soberanía hasta un límite exterior de 200 millas marinas de distancia de los respectivas costas, propia del espíritu de una declaración que no aspira o apunta a constituirse estrictamente en un Tratado. Ello se corrobora con lo expresado en la 5ª resolución de la Declaración en el sentido del propósito de recién posteriormente suscribir acuerdos o convenciones para la aplicación de los principios de la Declaración – contenidos en su parte considerativa -, en que se establezcan normas generales reglamentarias y de protección de la caza y la pesca dentro de la zona marítima que les corresponden y a regular y coordinar la explotación y aprovechamiento de cualquier otro género de productos o riquezas naturales existentes en dichas aguas y sólo las que sean de interés común, donde nuevamente no aparece ni se puede deducir ningún propósito demarcatorio.

Pese a todo ello, el Abogado Allain Pellet, a nombre de nuestra delegación señaló que para no más discutir en abstracto podía reconocer y hasta se reconocía que la Declaración era un Tratado, demostrando espíritu flexible y a la vez con la intención de evitar empantanar y enturbiar la discusión que era a donde quería llevarla Chile, en mi concepto tácticamente acertado en general y sin por ello comprometer nuestra estrategia, porque por más que se pueda hasta reconocer – eso sí formalmente porque por otro lado en esencia se considera que no lo es -, que es un Tratado, sin embargo específicamente no lo era ni podía ser de fronteras marítimas, lo cual sería reafirmado a continuación de Pellet en la respuesta de nuestra delegación a través de nuestro abogado británico a la pregunta formulada por el Juez marroquí miembro de la Corte. Preciso esto porque César Hildebrandt expresa su legítimo temor en su artículo “El Perú metió la pata en La Haya” escrito en su periódico “Hildebrandt en sus Trece”, en el sentido de que con esa declaración nuestra posición se habría debilitado al punto de generarse la posibilidad de pérdida en la contienda al convertirse de pronto un acuerdo en un Tratado, en el entendido que se ha tratado de una maniobra ajedrecística consistente en atacar un flanco decisivo para dar jaque mate sacrificando una torre o un caballo. El temor de Hildebrandt es legítimo y entendible, como es a diferencia de Álvaro legítima su trayectoria insobornable, ya que se funda en traiciones o “distracciones” cometidas en el pasado por algunos malos compatriotas en asuntos delicados como los de límites, pero debe superarlo con el entendimiento de la jugada táctica hecha.

Por tanto, atendiendo estrictamente a su espíritu, la Declaración de Santiago no constituye un Tratado y en el caso forzado en que se lo considere abstrayendo su temporalidad no lo es de límites de frontera marítima entre Perú y Chile. Lo cual ni se esfuerza por demostrar en contrario Álvaro ni sus codefensores de causa chilenos.

 

c)  Con respecto al Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954 (04.12.54): tenemos que su parte considerativa exclusivamente justifica la norma en evitar la posibilidad de involuntarias infracciones con consecuencias principalmente en los pescadores (3er. considerando), generadas por las dificultades comprobadas de las embarcaciones de poco porte tripuladas por gente de mar con escasos conocimientos de náutica o que carecen de instrumentos para determinar con exactitud su posición en alta mar que producen con frecuencia y de modo inocente y accidental violaciones de la frontera marítima entre los Estados vecinos (1er. considerando), produciendo a su vez la aplicación de sanciones en estos casos siempre resentimientos entre los pescadores y fricciones entre los países que pueden afectar al espíritu de colaboración y de unidad que en todo momento los debe animar como signatarios de los acuerdos de Santiago (2º considerando). De donde está directa y absolutamente claro que la parte considerativa del Convenio no justifica ni se refiere en modo alguno el establecimiento de fronteras marítimas, más allá del límite exterior común a Perú y Chile, además de a Ecuador, establecido ya en la Declaración de Santiago.

 

Sin embargo, al examinar la parte resolutiva del Convenio tenemos que, si bien en coherencia con su parte considerativa tampoco se establece en ella frontera marítima alguna entre Perú y Chile, en cambio ocurre que mediante la suscripción del instrumento nada menos el Perú ha venido reconociendo a partir de diciembre de 1954 la existencia de una frontera marítima con Chile no pactada con anterioridad, surgida por arte del birlibirloque y sólo convalidada a partir de entonces en que para variar gobernaba un dictador – Odría -, grave error en que incurrimos y en que debió repararse y superarse oportunamente. Ello, aunque como demuestro más adelante no sólo es improcedente sino nulo, constituye una fuente de la argucia, en este caso paradójicamente construida sobre bases reales – la suscripción del Convenio -, que alimenta el supuesto derecho chileno a conservar una “frontera ya establecida” y al que se aferra con alguna lógica, ésta sí formal, pero contra derecho.

 

Y sostengo que ese Convenio es nulo porque en él se reconoce una frontera unilateralmente establecida por la vía de los hechos por Chile, a cuyos lados a partir de las 12 millas se establece la Zona Especial de Pesca, cual es “el paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países” (1ª resolución), sin previa declaración siquiera por parte de ese país de su determinación formal de considerar delimitada su pretendida frontera marítima con el Perú bajo el único posible fundamento previsto en la Declaración de Santiago que es la existencia de islas que estén en su posesión y que se ubiquen en la zona de proyección marítima de la costa peruana hasta las 200 millas marinas y que justifique el ejercicio de su soberanía marítima sobre el área correspondiente, no hecho lo cual en lugar de respetar lo pactado en el mismo Convenio en el sentido que “lo establecido en el presente Convenio se entenderá ser parte integrante, complementaria y que no deroga las resoluciones y acuerdos adoptados en la Conferencia sobre Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur, celebrada en Santiago de Chile, en Agosto de 1952” (4ª resolución), cuyos acuerdos se condensan en La Declaración de Santiago ya evaluada, atropella precisamente el espíritu de ésta cual era establecer sólo el límite exterior común hasta las 200 millas marinas y sólo un elemento de delimitación de frontera marítima cual es la presencia insular ya comentada, el cual para ser usado obviamente requiere la justificación del caso, en por supuesto un verdadero Tratado de delimitación de frontera marítima inexistente.

 

Dadas así las cosas, mediante una imposición consentida por error – aunque fuera producto muy probable de corrupción -, sin antecedente ni fundamento de derecho alguno sino más bien contraviniente del generado en la Declaración de Santiago en que paradójicamente Chile afirma basar su derecho, no puede ni genera derecho alguno y por tanto debe ser declarado nulo, conforme a los principios generales del derecho que fundamentan también el derecho internacional en general y el del mar en particular. A cuyo propósito conviene indicar que en su momento Chile tampoco habría podido ni menos ahora puede fundamentar su pretendido derecho de tener ya delimitada su frontera marítima con el Perú por el paralelo, en la existencia de islas de su posesión ubicadas dentro de las 200 millas de proyección de la costa peruana, porque como ya vimos la llamada Isla Blanca se encuentra muy distante y la Isla del Alacrán se encuentra a menos de un kilómetro de distancia del puerto de Arica, virtualmente antes y hoy plenamente adherida a éste y por ende no ubicada en el espacio insular pertinente que hubiera pero por realidad no puede dar derecho a Chile, conforme se aprecia en el siguiente gráfico:

 

 

Fuente: https://www.google.com.pe/search?q=Convenio+sobre+Zona+ Especial+Fronteriza+Mar%C3%ADtima+de+1954&hl=es&tbo=u&rlz=1T4BBKB_esPE508PE508&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=J9DPUJrnBYPQ9ASdhoGABA&ved=0CD8QsAQ&biw=1067&bih=491.

 

Queda entonces demostrado, conforme al espíritu o intención de la norma analizada y precisamente no atendiendo a su forma, que no podría consistir en la automutilación territorial consentida, que la Convención de 1954 tampoco constituye un Tratado en general porque según http://www.un.org/spanish/ documents/ instruments/terminology.htmlya citado “Los instrumentos negociados bajo los auspicios de una organización internacional suelen denominarse convenciones o convenios” y, como ya vimos, este Convenio no se amparó realmente sino que se celebró en contradicción y con atropello a lo pactado en la Conferencia sobre Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur y por ende en la Declaración de Santiago de 1952, como menos constituye uno de delimitación marítima porque en lugar de pactarse tal se dio por supuesta su existencia sin prueba.

Finalmente, en cuanto al Convenio, no puedo dejar de informar de mi preocupación por el hecho de que de mi seguimiento no me consta que nuestra delegación ante La Haya haya enfatizado en sus intervenciones en la fase oral del proceso además de en la imposibilidad de que constituya un tratado de delimitación marítima sino sobre todo en su nulidad de puro derecho, lo cual debía haber generado su denuncia que sustentaría con mayor claridad nuestra legítima posición. Sin embargo, confío que gracias a que los jueces de tal nivel van al fondo de las cosas y a su espíritu, en conformidad además con el derecho, hayan considerado en los hechos la interposición misma de la demanda de delimitación como una denuncia del Convenio, administrando estrictamente justicia.

Como se habrá podido apreciar, el joven Vargas Llosa ha tenido que ser desnudado en su interesada audacia, en su recurso al subjetivismo en su vano intento de sorprender y en su carencia absoluta de fundamentación jurídica, bajo la cual necesariamente ha debido evaluar los acontecimientos de un evento jurídico como es el proceso que Perú y Chile ventilan ante La Haya, con todo lo cual de paso ha evidenciado que ha actuado por encargo, cual perfecto plumífero al servicio de intereses non sanctos, fungiendo como periodista pero en realidad escribiendo una historia inconsistente aunque aparentemente coherente. Poco le ha importado, para el efecto, su propio prestigio, predominando en él el interés económico y renunciando al ejercicio periodístico que pudo ejercer de manera más consistente, sustituyéndolo, reitero, por el de la narrativa un tanto cultivada. No obstante lo cual cabe reconocerle la eventual virtud que posee de alborotar el gallinero, en tanto hace que empleemos cierto esfuerzo para dejar al descubierto su inconsistente e interesada actuación.

Su estilo de embrollar para confundir copiado de sus codefensores

 

Pero sólo hasta ahí pudo armar su historia con cierta coherencia, porque en adelante, como veremos, agotados sus recursos propios no le ha quedado para lograr su objetivo de confundir y propagandizar la supuesta corrección de la defensa chilena ante La Haya, más que recurrir a la copia del estilo de embrollar para confundir, propio del abogado no ducho en argumentos pero sí en argucias que las emplea para tratar de sacar algo en un caso, que a la vez ha caracterizado a los abogados respecto de los cuales con su artículo actúa como codefensor de los intereses chilenos.

 

Siendo así que luego se dedica a hacer un listado de supuestas incorrecciones e incoherencias en la sustentación peruana de su planteamiento de delimitación marítima, que presenta como “elementos que lesionan nuestro caso”, los cuales paso a tratar someramente con la mayor objetividad posible:

 

     Empieza por justificar la escasez argumentativa e inventiva exhibidas por la defensa chilena en la existencia de actas de la reunión de Santiago y en la continuidad existente entre los textos de las declaraciones unilaterales de 1947 y la Declaración de Santiago de 1952, en el sentido de pretender que ello sustituye la falta de especificidad y detalle en el texto de 1952 por lo supuestamente mucho que todas las partes intervinientes en la Declaración dieron en su momento por establecido. Ese es un recurso meramente imaginativo pero no de derecho, pues para actuar conforme a éste se debe interpretar los documentos primeramente de acuerdo a su texto y su contexto, pretendiendo en cambio el narrador sustituir ello con supuestos e inferencias y en el mejor de los casos con fuentes auxiliares o secundarias de derecho. Al respecto ya expusimos nuestro análisis basado en el espíritu de las normas evaluando lo que dice el texto en el contexto dado, sin formalismo alguno, lo cual no admite en contrario supuestas intenciones aparentemente expresadas en actas que en todo caso no se concretaron en el texto.

 

     A continuación, en prueba del intento de fraude mediante el recurso del embrollo por el que se pretende sustituir el texto o principio de literalidad, aún así evaluado en su intención o espíritu y no por mero formalismo, como primera fuente de derecho, por fuentes secundarias a las que sólo es válido recurrir en ausencia o insuficiencia de la primera para generar certeza, Álvaro recurre al recurso de señalar que en 1955, García Sayán, canciller peruano que firmó con Bustamante y Rivero el Decreto Supremo de 1947, publicó un boceto en su libro Notas sobre la soberanía marítima del Perú con la zona marítima peruana en que figuran los paralelos como límites. Al respecto, en efecto, dando crédito al boceto este nos muestra:

Chile: La Tercera llama “abogado duro” a excanciller peruano Enrique García Sayán

·         El boceto aparece en un libro del entonces canciller peruano. (Foto: Difusión)

·         Jueves 06 de diciembre del 2012 – 12:23 | 2675 visitas

En primer lugar, que el joven Álvaro no ha investigado sino sólo recogido por encargo lo publicado por el mismo Diario La Tercera de Santiago.

 

Pero en segundo lugar nada nuevo: que García Sayán publicara ese boceto es perfectamente coherente con lo declarado en el Decreto Supremo del 1º de agosto de 1947: que el gobierno peruano “declara que ejercerá dicho control y protección sobre el mar adyacente a las costas del territorio peruano en una zona comprendida entre esas costas y una línea imaginaria paralela a ellas y trazada sobre el mar a una distancia de doscientas millas marinas, medida siguiendo la línea de los paralelos geográficos” (3ª resolución). Pues bien, siendo cierto ello sin embargo no es oponible como fuente al texto mismo de la Declaración de Santiago, en cuya 4ª resolución establece en cambio el uso de paralelo como límite sólo para el caso en que “una isla o grupo de islas pertenecientes a uno de los países declarantes estuviere a menos de 200 millas marinas de la zona marítima general que corresponde a otro de ellos, la zona marítima de esta isla o grupo de islas quedará limitada por el paralelo del punto en que llega al mar la frontera terrestre de los Estados respectivos”, no el uso de paralelos geográficos en general como defectuosamente se declara en el Decreto Supremo mencionado, primando la fuente principal de derecho que es el mismo texto de la Declaración frente a la fuente secundaria constituida por el boceto, que en tales circunstancias entonces deviene en irrelevante.

 

Por tanto, que el joven Álvaro señale que el propio García Sayán considerara los paralelos geográficos como límites de la zona marítima peruana, es decir tanto al norte con Ecuador como al sur con Chile, no sólo no es novedad al guardar coherencia con lo expresado en el Decreto Supremo de 01.08.47 emitido por Bustamante y Rivero y él mismo, sino que no prueba que la Declaración de Santiago de 1952 estableciera la delimitación marítima particularmente entre Chile y Perú, siendo que más bien prueba la imposibilidad de que dicha delimitación se base o se pueda basar en el uso del paralelo geográfico previsto en el caso de la presencia de islas en la zona de proyección dada la inexistencia de esas islas.

 

     Seguido el joven señala que a contrapelo de lo declarado en el Decreto Supremo de 1947 en el sentido que las 200 millas se medirán siguiendo los paralelos geográficos, hoy el Perú ya no usa ese método, actuando nuevamente en su triste rol de recolector por encargo de los “argumentos” chilenos, pues en efecto el Agente chileno ante La Haya Van Klaveren previamente es quien pretende sustentar que el Perú pretende “armar un conflicto inexistente” al sustentar 2 posiciones al respecto, una en 1947 y otra ahora. A lo que replicamos simplemente que no se puede persistir en el error si a la luz del derecho o la modernidad se debe corregir, lo que justifica la posición peruana – y animó a los 3 países a no mantener su posición de permitir siga rigiendo la costumbre de limitar la soberanía a entre 3 y 12 millas y variar su aspiración a las 200 millas -, así como no se puede constituir el error en fuente de derecho como lo hace contra los principios de derecho la posición chilena.

 

     Más adelante Vargas Llosa refiere que cuando Chile invitó a Ecuador a la reunión para firmar la Declaración de Santiago y otros convenios en 1952, le comunicó que era sobre todo para determinar “el mar territorial” y no sólo para firmar un convenio de pesca; asimismo, sostiene que “la idea de que la Declaración de Santiago es un simple convenio pesquero choca con dos hechos: al mismo tiempo que ese documento, que fue el principal, se firmaron otros más, entre ellos uno de pesca”. Pues bien, al respecto el narrador simplemente está confundido porque Perú no sostiene que la Declaración de Santiago es un simple convenio de pesca sino que es una declaración de soberanía sobre las 200 millas marinas de mar adyacente a las costas y que en cambio sí tiene tal carácter el Convenio de 1954, lo que de paso demuestra su aún mayor confusión al afirmar que en 1952 se firmaron acuerdos de pesca y que en su conjunto el estar alejado del país lo afecta en su ubicación, conocimiento y percepción de las cosas y de la historia, lo cual además para el caso no le ha interesado al priorizar su actitud de escribir por encargo de quien ahora se hace cargo de sus honorarios.

 

     Luego simplemente el narrador demuestra su desaprensión al indicar como supuesto argumento a favor de la tesis de que en la Declaración de Santiago se fijaron los límites o fronteras marítimas entre los 3 países suscriptores, que el título, el preámbulo y el texto confirman que los países estaban fijando su soberanía marítima, pasando de la desaprensión a la deshonestidad cuando agrega que más aún cada uno estaba fijando su “zona marítima general” claramente delimitada incluyendo el paralelo, sin considerar que sólo estaban fijando el límite exterior común e individual de esa soberanía en el mar y no el que debía fijarse además entre las zonas contiguas de los mares de cada uno de ellos. Esa deshonestidad además se muestra en la afirmación de que también en el preámbulo también se hablaba de fijar soberanía o fronteras, lo cual ya demostramos es absolutamente falso.

 

     Más adelante el joven narrador hace un intento de falsa suposición para tratar de probar el supuesto límite constituido por el paralelo en cada caso, haya o no islas de por medio, al sostener que como Perú y Chile redactaron el punto IV de la parte resolutiva de la Declaración y ello se hizo a pedido de Ecuador, tácitamente quedó establecido el paralelo como frontera marítima en cada caso, lo cual no resiste el menor análisis por constituir una inferencia pueril en vano intento de insultar nuestra inteligencia y avanzar en seguir intentando embrollar.

 

     Y así el narrador sigue aumentando su audacia y pasando al descaro, como cuando a continuación señala que como consta en actas que en 1954 en las reuniones para suscribir los acuerdos de ese año que se discutió sobre la correcta interpretación del artículo IV de la Declaración de Santiago firmada en 1952  que habla del paralelo en caso de haber islas y ante el pedido de Ecuador de incorporar un artículo que dejara muy claro que el paralelo es la frontera que divide las aguas jurisdiccionales, los delegados de Perú y Chile dijeron que ello sería redundante porque estaba claro en el artículo IV de la Declaración de Santiago, se presume que en 1954 se interpretó que en la Declaración ya estaban fijadas las fronteras marítimas. Nuevamente con ello vanamente pretende superar con contrabando el texto mismo que se refiere al caso de la existencia de islas con una presunción de que no se refiere sólo a ese caso sino a todos los casos, yendo más allá que pretender hacerlo vía sustitución de fuente principal (texto) por fuente secundaria de derecho.

 

     Hasta finalmente atreverse a afirmar con descaro que el Convenio de Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954 fijó la frontera en el paralelo en su primer artículo expresamente, sin mencionar islas. Lo cual es absolutamente falso porque el establecerse una “Zona Especial a partir de las 12 millas marinas de la costa, de 10 millas marinas de ancho a cada lado del paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países” se entiende que el paralelo era ya un límite pre establecido unilateral e ilegalmente y no recién fijado al mismo tiempo que la zona especial. En todo caso, esa descarada afirmación constituye admisión de culpa, ya que al hacerse ello se contravino lo dispuesto en el propio artículo cuarto del mismo Convenio, porque a pesar que en éste se declara que “todo lo establecido en el presente Convenio se entenderá ser parte integrante, complementaria y que no deroga las resoluciones y acuerdos adoptados en la Conferencia sobre Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur, celebrada en Santiago de Chile, en Agosto de 1952”, en concordancia con lo establecido en el punto IV de la Declaración de Santiago acordada como resultado de esa Conferencia, no se refería al paralelo como límite en ausencia de islas sino sólo cuando éstas estando en posesión de un país se ubicara a menos de 200 millas del límite jurisdiccional marítimo de otro país, lo cual abona a deducir la nulidad del Convenio de 1954.

 

     Luego, siguiendo su andanada de seudo pruebas el joven narrador refiere por un lado que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano en 1955 ratificó la Declaración de Santiago y la Convención de 1954 y por otro que el diputado Peña Prado afirmó en ella que el propósito de la conferencia de 1952 había sido establecer los límites marítimos. Lo cual en principio permite hacer presente que las supuestas ratificaciones deben considerarse oficialmente inexistentes por haberlas acordado sólo la Comisión de Relaciones Exteriores y no el pleno del Congreso, de conformidad con lo dispuesto en el numeral o atribución 21º del artículo 123º de la Constitución Política del Perú entonces vigente (de 1933), que establece entre las atribuciones del Congreso la de “Aprobar o desaprobar los tratados, concordatos y demás convenciones que se celebren con los gobiernos extranjeros”; lo cual vicia nuevamente de nulidad en particular el Convenio de 1954. Por su parte, es irrelevante la afirmación del diputado Peña Prado porque no implica reconocer que en efecto en la Declaración de Santiago, visto su texto, se hubieran fijado fronteras marítimas y en caso que lo implicara no puede el error a la luz del derecho ser fuente de éste, sobre lo que absurdamente el narrador luego insiste al afirmar que hay varios mapas del Perú aprobados por la Cancillería con límites marítimos basados en el paralelo de latitud, lo cual constituye opinión oficial pues de acuerdo con un Decreto Supremo de 1957 no se podía publicar mapas sin autorización de aquélla.

 

     Seguido el joven Vargas Llosa refiere que cuando en 1975 el canciller colombiano fue al Congreso a sustentar el pedido de ratificación de su tratado de límites con Ecuador, justificó el uso del paralelo como límite marítimo porque había sido el utilizado en la Declaración de Santiago por Perú, Chile y Ecuador, demostrando con ello nuevamente desaprensión e ignorancia, porque no repara en que ello no se debió a las virtudes de ese tipo de delimitación sino a que de un examen sencillo se pudo inferir que a Colombia le convenía fijarla por la forma de configuración de su costa tanto como le convino hacerlo a Chile, mientras que Ecuador no podía pactar otra línea que el paralelo por ser la que también le correspondía como límite marítimo con el Perú, contrario a lo cual hubiera incurrido en incoherencia e inconsecuencia.

 

     Continuando con su estilo de embrollar Vargas Llosa señala que entre los demás países sudamericanos el método de delimitación que rige es el del paralelo de latitud, no la línea equidistante u otra fórmula, como si ello probara nuevamente las virtudes del mismo, cuando de lo que se trata es de apreciar la justicia de su aplicación de acuerdo a la configuración geográfica de las costas bañadas por su mar adyacente, siendo que en nuestro caso resulta absolutamente injusto. Pueden ya todos suscribir el método de delimitación del paralelo, por considerarlo justo, pero no es nuestro caso por injusto y por ende no admisible.

 

     Siguiendo el mismo estilo pero de manera más audaz aún y recurrente, el narrador señala que en 1969, en el juicio sobre el mar del Norte en La Haya, bajo la Presidencia de Bustamante y Rivero, éste no objetó la interpretación oída a Alemania, Holanda y Dinamarca en el sentido de que la Declaración de Santiago era el documento que había fijado límites marítimos entre Perú, Chile y Ecuador, frente a lo cual cabe decir que ello pudo ocurrir por no considerarlo pertinente pero no por considerarlo estrictamente justo; mas, aunque se lo interpretara como aprobación , siendo ello en su caso un error no puede acogerse como beneficio de la delimitación mediante el paralelo.

 

     Mas, como no hay crimen perfecto, nuestro joven narrador, a diferencia de lo expuesto por la delegación chilena ante La Haya en su último día de intervención en la fase oral del proceso, aunque con el objetivo final de de todos modos desacreditar nuestra posición, acierta en señalar que en el Acta de 1930 de la Comisión Mixta de demarcación de la frontera terrestre acordada en el Tratado de Lima de 1929 se dice que la “línea demarcada de frontera parte del océano en un punto en la orilla del mar situado a 10 kilómetros hacia el noroeste del primer puente sobre el río Lluta” y que ello coincide con los textos adoptados años después que hablan del paralelo “del punto en que llega al mar la frontera terrestre” (1952) y del “hito número uno, situado en la orilla del mar” (Acta de 1969 de Comisión Mixta), en la medida que esa delegación ha negado que el punto Concordia en que se inicia el límite terrestre se encuentre a la orilla del mar. Pero acto seguido yerra gravemente cuando para hacer eco de lo declarado por esa delegación repite con ella que La Haya no está facultada para fallar sobre la frontera terrestre por lo que le es indiferente la eventual diferencia entre el hito y un punto exacto en que la frontera toque el mar, porque el hecho que el Perú pida a la Corte que la delimitación marítima se haga a partir del punto Concordia no implica como, contra toda lógica pretenden demostrar, que se haya pedido también una nueva delimitación terrestre.

 

     Luego Álvaro regresa a insistir en nuestra supuesta doble conducta al señalar que antes de acordar los límites marítimos con Ecuador en 2011 el Perú sostenía que no había problema de delimitación marítima con ese país y por otra parte en el alegato ante La Haya indicar que recién fijó su frontera marítima con Ecuador en el año 2011 y no en la oportunidad en que se suscribió la Declaración de Santiago. Nada más falso, porque si bien siempre se consideró que la Declaración brindaba el elemento base para la delimitación por haber siempre reconocido que existen islas en la zona de proyección de nuestra costa en posesión de Ecuador, no constituía ni podía constituir un Tratado de Delimitación por requerir éste de toda la precisión del caso, tratándose de establecer no sólo la línea de límite exterior frente a la costa sino la de contigüidad con el mar del país vecino a través del señalamiento no de una simple enfilación sino de las coordenadas de la línea de frontera, lo cual sólo puede contenerse en un Tratado formal. Tal nuestra posición fue en todo momento justa y coherente que en el año 2011 se llegó a firmar el tratado de delimitación de la frontera marítima con Ecuador, lo cual pudo haber ocurrido mucho antes por no existir inconveniente para ello como siempre se manifestó, pero que no se pudo tanto por el conflicto de demarcación terrestre en que estaba enfrascado ese país con el nuestro como por la permanente seducción de Chile a que no lo haga.

 

     Asimismo, a su lista inacabable de embrollos Vargas Llosa agrega que la tesis peruana de que un arreglo provisional como el Convenio de 1954 no puede durar tantas décadas es rebuscada, porque en 1986 cuando el Embajador Bákula lo señaló ya habían pasado varias décadas desde la existencia de los documentos oficiales que se referían al paralelo y porque esa posición surge o se modifica por los nuevos elementos que brinda la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982, tales como el de delimitar a través de una línea equidistante. Sin querer por interés entender que el espíritu – que él mismo tanto reclama como base para la interpretación de los documentos legales – del Convenio de 1954, perfectamente establecido en su parte considerativa, es el señalamiento provisional de una zona especial marítima para evitar los incidentes de pescadores, el cual Chile ha querido perpetuar junto con su ocupación de un espacio marítimo que no le corresponde y al que el Perú no podría simplemente haber renunciado con espíritu de automutilación al suscribir ese Convenio.

 

     Finalmente, sólo coincido con Vargas Llosa con la difícil posibilidad de que en derecho se nos otorgue el triángulo exterior adicionalmente solicitado como parte de la delimitación, pero no porque siente mal precedente que anime una serie de conflictos entre países como él señala, sino porque concedérsenoslo junto con la línea equidistante ya no representaría una solución equitativa sino ampliamente favorable a nosotros, en tanto que concedérsenoslo sin a la vez la línea equidistante representaría una solución de muy difícil realización por la extraña ubicación geométrica en que bajo tales condiciones tendría dicho triángulo. Aunque luego temeroso de un resultado adverso el joven Álvaro considera que fuera de derecho y para no sepultar violentamente la aspiración peruana es posible que obtengamos ese triángulo exterior, en realidad con la intención de empujar a la Corte a tomar esa decisión, con lo cual discrepo porque no dudo que los jueces conforme a su costumbre fallarán de acuerdo estrictamente a derecho.

 

Quedan pues evidenciados los embrollos y triquiñuelas que Vargas Llosa Jr. repite por evidente encargo de sus codefensores de las posiciones chilenas ante La Haya y pese a sus esfuerzos plenamente desbaratados, como espero lo asumirá también la inteligente Corte que abrigo no se dejará sorprender. Así también, modestamente y sin triunfalismo alguno sino por derecho, en contrario con lo que sostiene el joven Álvaro, estimo que el resultado más probable de esperar es simplemente el de dar la razón al Perú en la necesidad de efectuar la delimitación marítima y hacerlo acto seguido señalando en justicia como solución la aplicación de la línea equidistante entre las líneas que siguen el perfil de la costa peruana a partir de su punto de frontera terrestre que es el de la Concordia y el paralelo, sin agregarle el llamado triángulo exterior.

 

Develando los adicionales reales intereses de Alvarito

 

Cuando escribo esto recuerdo un episodio transmitido por la tradición familiar, en presencia silente de mi abuela materna chilena a quien tanto amé, tanto como al querido y heroico pueblo chileno, que es el referido a la conducta exhibida por muchas – pero no la mayoría – de familias peruanas que entre títulos de tierras que ocupaban en Arica y Tarapacá y otras que no ocupaban y el destierro por negarse a decidir por la nacionalidad chilena, tenían que optar a propuesta del invasor que actuaba en su política de chilenización preparatoria de un gigantesco fraude en el acordado pero nunca efectuado plebiscito, optaron por quedarse, en muchos casos incluso dividiéndose en la decisión con las diferentes consecuencias previsibles, a las que pese a mi orgullo por la patriótica decisión de mi abuelo no puedo simplemente condenar por explicarme de algún modo su actitud, aunque teñida de inmediatismo y falta de conciencia que además un país y nación no conformada y envuelta permanentemente en revueltas caudillistas, grupales y regionales no les pudo forjar.

 

¿Pero acaso puedo explicarme similarmente que la conducta de Alvarito se deba sólo a su mal cultivado y hasta interesado espíritu ancho, moderno e internacional de miras, como incluso algunos locutores despistados de la radio han sugerido? Quisiera, pero no puedo darme esa explicación, dados sus antecedentes al servicio general de las transnacionales oligopólicas y la reiteración de su defensa “sin bandera”, que en realidad es la de la bandera negra de piratería, no sólo de esos intereses en general ni tan solo los del estado chileno en particular acaso como producto de un esfuerzo intelectual, sino de los de esas transnacionales aliadas al capital nativo chileno en especial.

 

Dicho eso a la luz de comprobar que, en efecto, Alvarito, en su artículo no sólo se dedicó a traducir incluso en mejor lenguaje que el de sus codefensores los encargos de defensa recibidos, añadiéndoles dosis de ataque injurioso y venenoso a nuestra diplomacia y a nuestra supuesta idiosincrasia en general, sino que, como tenía que ocurrir, finalmente en aquél se lanza abiertamente a abogar por los intereses la mencionada alianza explotadora de nuestras riquezas en conjunto con sus congéneres, desnudando su verdadera intención o espíritu. Lo cual sí, por deshonesto y canalla, no es susceptible de perdón.

 

Así es que, apenas terminada su más que magra, en realidad desinformada e infeliz, “argumentación”, en efecto ya se lanza a la abierta defensa de los intereses que lo auspician. No sin antes recurrir a adornarla con un marco ultraliberal tan caro a él, para justificar que lo anima una supuesta “discusión de ideas”: “Me equivoque o no, lo esencial de esta carta seguirá en pie: ha llegado la hora de que Torre Tagle dé un salto mental muy grande. El Perú tiene que poner su política exterior a la altura de su progreso económico y del mundo en que vivimos, que exige menos fronteras psicológicas y más imaginación. Una forma de hacerlo es acelerar la integración con nuestros vecinos”.

 

Él requiere poner ese marco porque ante todo y como buen operador de las transnacionales oligopólicas es propagandista de sus ideas, que se condensan como ultraliberales, Así, propagandiza ideas como la de que las fronteras son sólo sicológicas, de que un  “proveedor” del gas natural debe tener la “libertad” de venderle a quien quiera si así conviene a su negocio o el concesionario del Metro de aumentar el precio del pasaje si así también le conviene, etc., en general de vivir el momento y las oportunidades con tal de lograr el máximo objetivo de rentabilidad privada; en consecuencia, lo que se oponga a ello para él se gana de inmediato su tipificación de retrasado o acomplejado, detenido en el tiempo, estrecho nacionalista, etc., lo cual antes o después de ser atacado defiende explicando que bajo sus paradigmas no sólo cada uno sino que la sociedad entera progresa y resuelve sus problemas y contradicciones estrictamente a través de mecanismos de mercado.

 

Llama la atención que en su momento, quizás por haber estado alejado del país, no se recordara participación suya en el debate previo a la interposición de la demanda de delimitación marítima ante La Haya, pero es menester señalar que personas con virtualmente idéntico pensamiento como Aldo Mariátegui entonces esgrimieron exactamente las mismas ideas que ahora nos ofrece Álvaro para oponerse a la estupidez acomplejada de interponer la demanda, por lo que no es atrevido pensar que él hubiera en esa época jugado idéntico papel, siendo que en todo caso es ahora cuando se le ha presentado la oportunidad de hacerlo.

 

Él y sus símiles, así como algunos extraviados ultra internacionalistas de izquierda, no comparten que por un lado tenemos una vocación universal abstracta pero sobre todo una nacional concreta – Cortázar decía ser universal, pero que no podía al mismo tiempo sentirse muy argentino y latinoamericano de modo que su escritura lo delatara inevitablemente y mientras más lejos de su país más fuerte -, que es real y cuya defensa consideramos perentoria, en particular en los casos en que se tiene que asumir – con Lenin, conociéndolo o no – el rechazo a las guerras de rapiña, como la que hasta ahora prolonga con su ocupación Chile de un espacio territorial, en este caso marítimo, que no le corresponde y muchos sentimos el deber de cumplir como cristiano en desatar iras santas contra toda injusticia. No pueden o no les es conveniente comprender que quien actúa como proveedor del gas natural lo es precisamente de un recurso natural perteneciente de acuerdo a nuestra Constitución a todos y sobre cuya extracción y transporte actúa monopólica y / u oligopólicamente y por ende debe su actuación estar sujeta a restricciones como la de primero satisfacer la demanda interna, que está lejos de estar satisfecha y producto de lo cual se están echando al tacho una serie de proyectos y a pesar de ello se ha subido su precio como producto del cese del subsidio de promoción de su consumo; ni que las empresas de transportes que operan el Metro de Lima actúan en una infraestructura que nos ha costado a todos los limeños, incluso sobre costado y por lo que hemos esperado largos 7 años, por lo que no pueden solucionar sus problemas de pérdidas ocasionadas por la indebida formulación de sus contratos con la Municipalidad con el simple expediente de subir los pasajes, agraviando a los titulares del sistema de transporte que somos todos y sin escuchar las alternativas que razonablemente se les plantea, todo por su interés político revocatorio incluido. En suma, para él y sus congéneres sólo todo lo que signifique libertad económica y felicidad individual está bien, sin considerar que todo ello en efecto está bien sólo a condición que no afecte el bien común; eso, para él no importa, si se ha de lograr el sacrosanto objetivo de rentabilidad privada y riqueza. En fin, para él el hombre ante todo es un ser económico, que debe actuar “a la altura de su progreso económico” y “acelerar la integración con nuestros vecinos”, sin consideraciones de si todo ello se condice con el interés nacional.

 

Es por ello que en la parte final de su discurso – artículo se plantea ¿Cuál es la razón por la que no debemos venderle a Chile gas natural o electricidad, como sostienen tantos compatriotas nuestros? No sólo sin tener en cuenta las consideraciones de interés nacional que ya hemos expuesto y que bien conoce, sino además actuando virtualmente como lobista chileno para que se realice ese negocio, incluso haciendo ver que nos harían un favor en comprárnoslo y eso que sólo incluso si los chilenos superan su trauma por la interrupción del suministro antes pactado de recibir de Argentina, pero asimismo mostrando la ventaja de prestigio de hermanos solidarios que obtendríamos si se pactara la venta, altruismo en que no cree y que de propiciarse en el plano interno seguro criticaría duramente, así como la de hacer un buen negocio, escondiendo que quien lo haría sería la empresa transnacional proveedora y no el país en abstracto; donde revela la intención final de su artículo de defensa cerrada de los intereses de Chile en el contencioso en que nos enfrenta ante La Haya, cual es que se realice ese negocio tan anhelado por Chile dada su aguda escasez de energía. E, incluso, con tal fin no se detiene en los argumentos señalados, sino que agrega otros que más que sorprendentes son falaces, como el sostener que ya proveemos de esa energía a una decena de países, de donde se deduce que no lo hacemos con Chile por simple fobia, todo lo cual es absolutamente falso. Y, Concluye sobre el punto nada menos que con una arenga: “Vender gas a Chile, además de electricidad, …, no es un acto de lesa patria: no hacerlo es un acto poco moderno”, ingeniosa construcción, pero nuevamente falsa y propia de un vendedor de baratijas.

 

Falsedades con las que continúa más adelante, que con seguridad no ha verificado pero las que cumple el encargo de transmitirlas con todo desparpajo, como la de acusar a nuestra Cancillería de haber siempre prejuiciadamente vetado la salida al mar de Bolivia por el norte de Arica – ¿acaso por la famosa y frustrada provincia de Parinacota? -, en uso de la capacidad autorizativa conferida por el Tratado de 1929, cuando es bien conocido que nunca ha habido un pedido oficial de ambas partes al respecto. Aunque sobre ello no se detiene hasta amenazarnos incluso con que en el caso más probable para él de que Chile salga victorioso en el contencioso que se ventila ante La Haya siga presionando para ello. ¡Tamaño desparpajo!

 

Y después sigue incrementando su rol de agente, en este caso ya representando los intereses geopolíticos no sólo chilenos sino los de los reaccionarios de todo el continente, con el gobierno de USA a la cabeza, al proponernos abandonar la demanda – muy tarde por lo menos para ello – y en su lugar alinearnos más con la Alianza del Pacífico (con los gobiernos reaccionarios de Colombia, México y Panamá), dejando de lado al Mercosur y Unasur. Para ello nos hace ver la “conveniencia táctica” de hacerlo: que México está preparándose para una gran década y que Brasil se resiste a ejercer el liderazgo regional que todos quisiéramos. Para ello, a estas alturas propone que ello es más provechoso que perseguir un resultado en La Haya, es decir, nuevamente propone que el interés nacional son los negocios, dejando de lado la dignidad y conveniencia nacionales en el sentido más amplio. Porque las alianzas en Mercosur y Unasur son mucho más ventajosas tanto económicamente como políticamente (defender los avances progresistas y autónomos, liberados de los designios imperiales). Simplemente, descarado rol de agente reaccionario que sobre la materia realiza Vargas Llosa.

 

Finalmente, ejerciendo el mismo rol de agente reaccionario continental se pregunta: “¿Por qué tenemos, en nombre de una buena vecindad mal entendida, que resignarnos a que los países del Alba sean los que marcan la pauta al continente en temas regionales en lugar de intentar, sin confrontaciones ideológicas contraproducentes, que seamos los mejores quienes marcamos ese rumbo? Cuando no es cierto que nuestro país siga los designios del Alba, sino más bien que no ha habido un acercamiento a esa alianza como se esperaba, como por otra parte que más allá de Chile haya otro que esté entre los mejores del continente, porque Colombia pese a haber mejorado aún no lo está en promedio y México viene por ejemplo incrementando sus niveles de pobreza y extrema pobreza. ¡Deleznable y falaz intento!

Concluyendo que para todo lo que nos invita a practicar, naturalmente junto a final y atrevidamente plantearnos nada menos que abandonar nuestra gestión ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, reitera su demanda de nuestro cambio de mentalidad. Hacia dejar de lado totalmente los intereses nacionales porque ello significa complejos y demás, regresando a nuestra entrega plena a las prácticas más entreguistas y a integrarnos sólo con los países con regímenes más reaccionarios. Mentalidad la suya más bien que quien se precie de patriota y progresista no puede menos que rechazar.

 

Después de todo lo dicho y aún cuando se pudiera decir mucho más, simplemente debo agregar mi absoluto repudio a la actitud y triste papel asumido por Álvaro Vargas Llosa en pleno desarrollo de la contienda que venimos librando ante La Haya, que lo pinta de cuerpo entero, virtualmente como agente al servicio de una potencia extranjera, lo que seguramente sería motivo de por lo menos pérdida de la nacionalidad para él, pero que yo sugiero no se aplique no por no corresponder sino porque sería un gran favor para su causa y que quizás esté buscando.

 

 ANEXOS

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s