RESPETO A LOS DERECHOS INDIGENAS Y CULTURALES. Vicente Otta Rivera

            RESPETO A LOS DERECHOS INDIGENAS Y CULTURALES

 

Vicente Otta R.

Crecimiento económico respetando a nuestros pueblos y patrimonio cultural

Pareciera que las más altas autoridades del país no han aprendido nada  de la dolorosa experiencia de los hechos sangrientos de Bagua, 2009. Como todos los peruanos recordamos, entonces la política del ex. Presidente Alan García, de calificar de “perros del hortelano” a los pueblos indígenas, negándoles derechos que legalmente les correspondía, propició un violento enfrentamiento que terminó con la muerte de 34 peruanos entre policías e indígenas. Entonces mediante la aprobación del Decreto Legislativo 1090 trató de imponer la privatización de tierras en la Amazonía para proyectos de “interés nacional”, eufemística manera de referirse a los proyectos extractivos mineros, petroleros y gasíferos. Esta política se hace extensiva ahora al ámbito del patrimonio cultural.

El viernes 24 de mayo último por la noche, el Presidente Ollanta Humala anunció un paquete de medidas para promover la inversión privada y buscar mantener el crecimiento de la economía. Más allá de lo discutible de estas medidas para los fines que persigue, lo cierto es que dos de las siete medidas anunciadas tienen severas consecuencias negativas para los pueblos indígenas y el patrimonio cultural material. Se ha promulgado el D.S. 060-2013-PCM, que establece plazos de 100 días para acelerar los procedimientos de los estudios de impacto ambiental (EIA), y el D. S. Nº 054-2013-PCM para “agilizar” la certificación de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA), generalizando la aplicación de la Ley de silencio administrativo, 20 días después de solicitada la certificación.

Conociendo el poco valor que se otorga al patrimonio cultural, tanto de parte de las autoridades como de los inversionistas privados, no albergamos muchas dudas de que asistiremos a un tratamiento predatorio de los mismos. No hay que ser vidente para ver un escenario futuro de varios baguazos. Esta medida es peligrosa y negativa para los pueblos indígenas, la cultura y para el propio gobierno que se coloca en una situación sumamente riesgosa.

La Ley se respeta solo cuando nos conviene

Este pareciera ser el concepto que tienen de la legalidad, lamentablemente, no solo el ciudadano común y corriente sino las propias autoridades encargadas de ser ejemplo de cumplimiento de las leyes y, aún mas, encargadas de hacerlas cumplir.

La Ley de Consulta Previa-CP- ha sido calificada, desde que se tuvo noticias de su existencia en el país, como una ley “problema”, obstáculo para las inversiones extractivas, consideradas éstas de importancia decisiva para propiciar el crecimiento económico y la bonanza del país en los últimos 20 años. El país se ha convertido en un adicto al extractivismo, lamentablemente.

Respetar esta ley (u otras normas legales, ej. CIRA) trae ciertas demoras y ralentiza los procesos de inversión, arguyen los empresarios. Pero esto no es consecuencia de la ley, es fruto de la lentitud e ineptitud del Estado, de la débil capacidad técnico-operativa que tiene; de su anacronismo sustantivo y funcional. Todo proceso legal requiere aceptar y someterse a los mecanismos y procedimientos jurídicos existentes. De lo que se trata es de hacer que el Estado se modernice, gane en eficiencia y rapidez, no que se deje de de observar la ley.

Detrás de esta exigencia de rapidez, de aprobar los proyectos “al caballazo”, se esconde la visión colonial de que los indígenas no son realmente sujetos de derechos, son ciudadanos de segunda categoría como expresara con brutal sinceridad el ex. Presidente García, “perros del hortelano”. Y por cierto, de la escasa valoración de la cultura.

Frente a este grave atropello de los derechos de los pueblos indígenas y culturales expresamos lo siguiente:

–        Todos los peruanos estamos interesados en el desarrollo y progreso del país, para lo cual el crecimiento económico es muy importante.

–        Los esfuerzos para este crecimiento no debe implicar el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, constitucional y legalmente reconocidos.

–        Tampoco debe significar la depredación de nuestro patrimonio cultural material, componente esencial de nuestra identidad histórica como nación.

–        Así como se propone formar un equipo de funcionarios de alto nivel en el Ministerio de Economía y Finanzas, para facilitar las inversiones, deben formarse equipos similares con los mismos objetivos, en los vice ministerios de Patrimonio Cultural y de Interculturalidad del ministerio de Cultura, para facilitar el tratamiento de la Consulta Previa y la Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos.

–        La Consulta Previa debe aplicarse sin menoscabo de la legalidad y respeto de los pueblos indígenas, lo que implica publicar el padrón nacional de registro de pueblos indígenas y, el reconocimiento de las comunidades campesinas como integrante del universo de pueblos indígenas; por consiguiente, con derecho a ser consultados.

–        Priorizar, con carácter de urgencia, la implementación del Ordenamiento Territorial en las regiones donde habitan los pueblos indígenas y donde existe densidad patrimonial cultural; de modo tal,  que los ámbitos territoriales y geográficos donde se realice la consulta y certificación patrimonial estén claramente delimitados y, definidos el derecho de propiedad, posesión y vocación de los mismos.

–        Se requiere el urgente pronunciamiento y toma de posición de las fuerzas políticas y movimientos sociales indígenas, culturales y ambientalistas, ante estas graves violaciones de la Ley de Consulta Previa y el patrimonio cultural material.

–        Poner en la agenda política nacional el tema del Estado Pluricultural, como alternativa de solución a la demanda de una institucionalidad indígena y nacional, pertinente a nuestra realidad social pluricultural y multilingüe.

 

 

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