Extraordinario fallo del Juzgado de Loreto Nauta que suspende la Hidrovía Amazónica

 

Saludamos esta exelente notica  tomada de La Region, diario judicial de Loreto, que nos llega via el fertil Seminario de Linguistica Amazonica. Aprovechamos la oportunidad para saludar el exito de la economia  Boliviana y la  inauguracion de su nuevo sistema funicular entre La Paz y El Alto. Visto que una economia no regida por el pensamiento Yanaqocha es mas productiva.

Manda que se realice Consulta Previa a los pueblos antes de iniciarse Hidrovías en el Marañón
– Resolución Número Quince crea precedente no solo en la región sino en todo el Perú  
– ProInversión y Ministerio de Transportes tendrán que acatar mandato judicial y
escuchar a pueblos del área
– Área de derechos humanos del Vicariato de Iquitos presentó demanda junto con pueblos Kukamas  IMG_0793 

Los organismos de ProInversión y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se habrán quedado de una «pieza» al conocer el fallo prolijo y contundente emitido por el Juzgado Mixto de Loreto-Nauta que despacha el Juez Luis Enrique Mayta Quispe, respecto a la acción de amparo interpuesta por el presidente de Acodecospat Alfonso López Tejada, quien contó con el invalorable trabajo de la Abog. Rita Ruck Riera y Carmen Arévalo, coordinadora de la Comisión de Justicia y Paz de Derechos Humanos del Vicariato de Iquitos.
La demanda de López, estaba fundamentada en cuanto a que Proinversión había omitido realizar el proceso de Consulta Previa sobre el dragado de los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas, en el marco del proyecto de Hidrovías. «Siendo que de continuar con la ejecución del Proyecto de Hidrovía Amazónica, sin que se haya llevado a cabo la respectiva consulta previa a la cual se encuentran obligadas las entidades demandadas, se podría generar el RESURGIMIENTO de un conflicto social que puedan emprender los pueblos afectados en contra del Estado como se ha visto en otras regiones. En atención a la finalidad que se busca en un proceso judicial que busca la paz y justicia, este Juzgado considera conveniente SUSPENDER LA HIDROVIA AMAZONICA hasta que se concluya la respectiva Consulta Previa conforme lo establece la Ley 29785» suscribió el juez de Loreto-Nauta.
Además se les notificó de la decisión a todos los involucrados en la demanda, entre ellos a Javier Illescas, director ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), así como al jefe de asesoría legal del organismo Javier Chocano Portillo y al Ministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Paredes Rodríguez.
Sobre valiosa decisión judicial del Juez de Loreto-Nauta entrevista a Carmen Arévalo y a Abog. Rita Ruck
«Desde abril del año 2013 los pueblos Kukamas Kukamillas, estaban demandando ser escuchados por los dos organismos nacionales (Proinversión y el MTC). No hubo diálogo fluido por lo que se interpuso una demanda judicial ante el Juzgado Mixto de Loreto Nauta que despacha Luis Enrique Mayta Quispe.
Con los representantes de los pueblos Kukamas se elaboró la demanda, se aprovechó esa riqueza milenaria de su  cosmovisión, de cómo ellos ven sus ríos, de su lenguaje.  Luego todo eso fue traducido y bien plasmado por el Abog. Juan Carlos Ruiz, de IDL y la Abog. Rita Ruck, del Vicariato.  Como por ejemplo: «El impacto del dragado ocasionaría daño a sus creencias religiosas y culturales, sería devastador toda vez que según la creencia Kukama, debajo de los ríos hay ciudades donde sus seres queridos ahogados, viven. Así lo afirman ellos» opinó Arévalo.
Por su parte la Abog. Ruck Riera, visiblemente contenta con el logro judicial, recordó que transcurrió un año para la resolución debido a lo complejo del caso pero que por fin se ha dado un fallo ejemplar que crea precedente no solo para la región en cuanto a futuros procesos de explotación etc. Sino que forma jurisprudencia a nivel de todo el Perú.
«Hace tiempo Proinversión dijo que sí habría Consulta Previa y aceptó que habían obviado ese proceso. Ahora hay que articular acciones para que los pueblos sean escuchados mediante el tema de la Consulta Previa, no hay que dividir hay que desarrollar la consulta de manera muy clara y transparente.
Además hay que recordar que no tuvieron en cuenta el derecho fundamental al derecho a la consulta y por eso ahora el juez ha ordenado la suspensión del proyecto de Hidrovía Amazónica. Este tipo de sentencias por omisión a la Consulta Previa, es la primera en todo el Perú. Crea precedente en otras regiones que también tienen esos problemas con las empresas que llegan y obvian esa consulta previa. Ahora ya no más» dijo emocionada Rita Ruck.
Y quizá la ejemplar resolución del juzgado mixto de Loreto-Nauta, pueda abrir el camino para los otros pueblos como Tamshiaycu donde una empresa ingresó a deforestar miles de árboles primarios sin consultar a los dueños del pueblo. O que se realice de todas maneras antes que se vuelva a concesionar el Lote 192 que ahora viene explotando Pluspetrol cuyo contrato vence en agosto del 2015. Quizá también para los pueblos donde se quiere permitir el ingreso de empresas que impulsan el sembrío de la palma aceitera de manera discriminada.

Comunidades campesinas y nativas: cambios y desafíos. Ramón Pajuelo

Cuando en los predios del pensamiento akatanqa/yanacocha cualquier  economista, escritor de renombre, o elegido a la presidencia tras la  degradacion colectiva del electorado, se alucina  linguista, historiador y teorico social,  no olvidar que desde  esta orilla, kay chinpapuni,  hay precisiones valiosas como las de Ramon Pajuelo repecto a las  comunidades campesinas y nativas kunan puchawpi, con enfasis en su conteporaneidad y dinamismo frente a los desafios de las grades empresas y grupos de poder. En este contexto seria bueno saber,  por ejemplo,  la dinamica y el efecto social  de  cooperativas de ahorro comunal  como las de Cotarusi. Articulo  tomado de  Servindi, via el siempre util e informativo Seminario de Linguistica  Amazonica del FB

Comunidades campesinas y nativas: cambios y desafíos

Ramón Pajuelo

Hasta hace poco se pensaba que las comunidades campesinas y nativas se encontraban en retirada. Luego de décadas de euforia indigenista, desde mediados del siglo XX las comunidades ocuparon un lugar central en  las ciencias sociales, especialmente en la Antropología. Esta disciplina  se abocó al estudio del  pasado y presente de las llamadas comunidades indígenas, las cuales con la reforma agraria pasaron a ser denominadas como comunidades campesinas y nativas. Posteriormente, la agenda de las ciencias sociales se diversificó enormemente, en tanto que las  comunidades parecían perder presencia en el país. Fenómenos tales como la urbanización, la expansión mercantil, el afianzamiento institucional del Estado, entre otros, parecían  debilitar a las comunidades en los ámbitos rurales donde anteriormente eran protagónicas.

Sin embargo, desde la década pasada apreciamos que las comunidades parecen estar de vuelta en el escenario social y político. De hecho, los resultados del último Cenagro muestran que todos estos años  no dejaron de multiplicarse. Actualmente existen más de 7,500 comunidades: 6,277  campesinas y 1,322  nativas, en las cuales no solamente reside una población importante, sino que albergan una cantidad significativa de productores, además de seguir controlando buena parte de la superficie agropecuaria del país.

Un conjunto de estudios recientes sobre las comunidades vuelve a colocarlas en la agenda de discusión pública sobre la realidad  del país y sus perspectivas de desarrollo.  De modo que algunas retóricas anti-comunales recientes -tales como el discurso del “Perro del hortelano” de Alan García, las declaraciones de Roque Benavides y el propio presidente Humala, así como las campañas de El Comercio sobre la inexistencia de comunidades indígenas- evidencian sobre todo el interés de frenar la aplicación de la Ley de Consulta Previa, o bien la simple ambición de ofrecer al capital privado las tierras y recursos comunales. Pero se trata de discursos que evidencian  una lamentable falta de información sobre las comunidades y sus cambios.

Cabe recalcar que las comunidades  no constituyen rezagos del pasado, condenados a desaparecer ante el arrollador avance del progreso, el mercado y la modernidad. Solamente en las cabezas de algunos de sus críticos,  aparecen como un arcaísmo envuelto en una situación de pre-modernidad socio-cultural y económica. En realidad, éstas se han venido adecuando, de forma sumamente dinámica, al nuevo contexto de desarrollo impuesto con las reformas neoliberales desde la década de 1990.

Uno de los cambios que refleja la intensidad de la adecuación de las comunidades a las condiciones cambiantes del desarrollo y el mercado, así como a las nuevas reglas de juego de la normatividad legal, es la fuerte diferenciación existente entre las mismas. Actualmente se puede apreciar una gama de situaciones, relacionadas a diversos grados de vinculación con el mercado. Ya no es posible hablar de un solo tipo de comunidad campesina o nativa, pues entre ellas existe una fuerte diferenciación que se expresa también en diferentes condiciones de vida y progreso.

Al mismo tiempo, la institucionalidad comunal se ha venido transformando y readecuando, en una situación en la cual no solo debe responder a mayores presiones externas, sino también a nuevas prácticas y comportamientos de su propia población. . En muchos casos se evidencia un fortalecimiento de las instancias comunales, pero en otros se aprecia la perdida de ascendencia de las comunidades sobre el ámbito familiar, individual y privado. La tensión entre el ideal de regulación comunal de las tierras, frente a la libre disposición familiar o personal de las mismas, se ha acentuado fuertemente en un contexto de mayor presión sobre recursos comunales.

Este fenómeno requiere ser visto con mayor profundidad, pero parece estar en la base de nuevos procesos de institucionalización comunal e identificación colectiva. El incremento del asedio sobre recursos comunales, tales como agua, tierra, bosques o bienes del subsuelo, ha dado pie a un redescubrimiento de la dimensión colectiva. Ocurre que los recursos colectivos son la fuente básica de reproducción de las familias comuneras, por lo cual al verse amenazadas, dan pie a la reapropiación de lo colectivo y lo comunitario. De allí que en muchos lugares se aprecia el fortalecimiento del fuero de la institucionalidad comunal, junto a nuevos discursos de identificación colectiva e identidad social.

Este fenómeno se encuentra vinculado a nuevas formas de movilización social de las comunidades, muchas veces en defensa de recursos colectivos amenazados por empresas privadas (mineras, petroleras, madereras) o debido a la realización de obras públicas que ponen en riesgo tierras, aguas u otros recursos. De allí el protagonismo de las comunidades  en los llamados “conflictos sociales” o “socio-ambientales”. Y que junto a nuevas formas de movilización, estrenen discursos de identificación novedosos, que incluyen la reivindicación explícita de su condición originaria o indígena.

Las protestas y movimientos sociales comunales, también son expresión de nuevas formas de participación política. En un escenario de cambios acelerados de los poderes locales, así como de expansión de la participación política, las comunidades han pasado a vincularse activamente a procesos tales como la municipalización, descentralización, formación de centros poblados menores, etc. Y han pasado ser actores fundamentales de la denominada “nueva ruralidad”, así como de procesos inéditos de desarrollo, ciudadanía y democratización desde abajo. Se trata de un escenario en el cual emergen nuevas formas (comunales) de acción colectiva y demandas de pertenencia e igualdad. Ante ello, el Estado y otros actores lamentablemente siguen distantes, o persisten en el triste discurso que sigue viendo a las comunidades como un ‘cuco’ del pasado.

NOTA:

1. Véanse entre otros: “Comunidades campesinas: nuevos contextos, nuevos desafíos”, Anthropologica, Año XXXI, N° 31, Lima: PUCP, 2013; A. Diez (ed.), Tensiones y transformaciones en comunidades campesinas. Lima: PUCP, 2012; A. Laos (ed.), Para que nadie se quede atrás. Propuestas para el desarrollo integral de las comunidades campesinas desde las regiones. Lima: Grupo Allpa y SER, 2011; Grupo Allpa, ¿Qué sabemos de las comunidades campesinas? Lima: Grupo Allpa, 2007.

RESPETO A LOS DERECHOS INDIGENAS Y CULTURALES. Vicente Otta Rivera

            RESPETO A LOS DERECHOS INDIGENAS Y CULTURALES

 

Vicente Otta R.

Crecimiento económico respetando a nuestros pueblos y patrimonio cultural

Pareciera que las más altas autoridades del país no han aprendido nada  de la dolorosa experiencia de los hechos sangrientos de Bagua, 2009. Como todos los peruanos recordamos, entonces la política del ex. Presidente Alan García, de calificar de “perros del hortelano” a los pueblos indígenas, negándoles derechos que legalmente les correspondía, propició un violento enfrentamiento que terminó con la muerte de 34 peruanos entre policías e indígenas. Entonces mediante la aprobación del Decreto Legislativo 1090 trató de imponer la privatización de tierras en la Amazonía para proyectos de “interés nacional”, eufemística manera de referirse a los proyectos extractivos mineros, petroleros y gasíferos. Esta política se hace extensiva ahora al ámbito del patrimonio cultural.

El viernes 24 de mayo último por la noche, el Presidente Ollanta Humala anunció un paquete de medidas para promover la inversión privada y buscar mantener el crecimiento de la economía. Más allá de lo discutible de estas medidas para los fines que persigue, lo cierto es que dos de las siete medidas anunciadas tienen severas consecuencias negativas para los pueblos indígenas y el patrimonio cultural material. Se ha promulgado el D.S. 060-2013-PCM, que establece plazos de 100 días para acelerar los procedimientos de los estudios de impacto ambiental (EIA), y el D. S. Nº 054-2013-PCM para “agilizar” la certificación de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA), generalizando la aplicación de la Ley de silencio administrativo, 20 días después de solicitada la certificación.

Conociendo el poco valor que se otorga al patrimonio cultural, tanto de parte de las autoridades como de los inversionistas privados, no albergamos muchas dudas de que asistiremos a un tratamiento predatorio de los mismos. No hay que ser vidente para ver un escenario futuro de varios baguazos. Esta medida es peligrosa y negativa para los pueblos indígenas, la cultura y para el propio gobierno que se coloca en una situación sumamente riesgosa.

La Ley se respeta solo cuando nos conviene

Este pareciera ser el concepto que tienen de la legalidad, lamentablemente, no solo el ciudadano común y corriente sino las propias autoridades encargadas de ser ejemplo de cumplimiento de las leyes y, aún mas, encargadas de hacerlas cumplir.

La Ley de Consulta Previa-CP- ha sido calificada, desde que se tuvo noticias de su existencia en el país, como una ley “problema”, obstáculo para las inversiones extractivas, consideradas éstas de importancia decisiva para propiciar el crecimiento económico y la bonanza del país en los últimos 20 años. El país se ha convertido en un adicto al extractivismo, lamentablemente.

Respetar esta ley (u otras normas legales, ej. CIRA) trae ciertas demoras y ralentiza los procesos de inversión, arguyen los empresarios. Pero esto no es consecuencia de la ley, es fruto de la lentitud e ineptitud del Estado, de la débil capacidad técnico-operativa que tiene; de su anacronismo sustantivo y funcional. Todo proceso legal requiere aceptar y someterse a los mecanismos y procedimientos jurídicos existentes. De lo que se trata es de hacer que el Estado se modernice, gane en eficiencia y rapidez, no que se deje de de observar la ley.

Detrás de esta exigencia de rapidez, de aprobar los proyectos “al caballazo”, se esconde la visión colonial de que los indígenas no son realmente sujetos de derechos, son ciudadanos de segunda categoría como expresara con brutal sinceridad el ex. Presidente García, “perros del hortelano”. Y por cierto, de la escasa valoración de la cultura.

Frente a este grave atropello de los derechos de los pueblos indígenas y culturales expresamos lo siguiente:

–        Todos los peruanos estamos interesados en el desarrollo y progreso del país, para lo cual el crecimiento económico es muy importante.

–        Los esfuerzos para este crecimiento no debe implicar el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, constitucional y legalmente reconocidos.

–        Tampoco debe significar la depredación de nuestro patrimonio cultural material, componente esencial de nuestra identidad histórica como nación.

–        Así como se propone formar un equipo de funcionarios de alto nivel en el Ministerio de Economía y Finanzas, para facilitar las inversiones, deben formarse equipos similares con los mismos objetivos, en los vice ministerios de Patrimonio Cultural y de Interculturalidad del ministerio de Cultura, para facilitar el tratamiento de la Consulta Previa y la Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos.

–        La Consulta Previa debe aplicarse sin menoscabo de la legalidad y respeto de los pueblos indígenas, lo que implica publicar el padrón nacional de registro de pueblos indígenas y, el reconocimiento de las comunidades campesinas como integrante del universo de pueblos indígenas; por consiguiente, con derecho a ser consultados.

–        Priorizar, con carácter de urgencia, la implementación del Ordenamiento Territorial en las regiones donde habitan los pueblos indígenas y donde existe densidad patrimonial cultural; de modo tal,  que los ámbitos territoriales y geográficos donde se realice la consulta y certificación patrimonial estén claramente delimitados y, definidos el derecho de propiedad, posesión y vocación de los mismos.

–        Se requiere el urgente pronunciamiento y toma de posición de las fuerzas políticas y movimientos sociales indígenas, culturales y ambientalistas, ante estas graves violaciones de la Ley de Consulta Previa y el patrimonio cultural material.

–        Poner en la agenda política nacional el tema del Estado Pluricultural, como alternativa de solución a la demanda de una institucionalidad indígena y nacional, pertinente a nuestra realidad social pluricultural y multilingüe.

 

 

Pueblos indigenas tienen derecho a ser consultados y a definirse como tales

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Pueblos andinos tienen también derecho a ser consultados

CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú, manifestó que el racismo y la discriminación obstaculizan la identificación como indígenas.

Señalan que controversia sobre identidad indígena de los pueblos andinos ya fue rebatida por las Naciones Unidas.

El cuestionar si los pueblos andinos son indígenas o no es usado como estrategia por un sector del gobierno que teme que la aplicación de consulta previa en el Perú reduzca las inversiones y frene el acelerado crecimiento económico que nuestro país experimenta en años recientes.

El anuncio extraoficial de la salida del viceministro de interculturalidad, Iván Lanegra, ante presiones de las carteras de energía y minas y economía, así lo confirman.

“Toda mi vida me dijeron comemote, india, serrana. Y ahora que defiendo mis derechos, me dicen que no soy nada de lo que me decían que era”, nos cuenta una mujer quechua que hoy reside en Lima.

Desde la concepción de la Ley de consulta previa y la guía metodológica para su implementación, el identificar quien es indígena, es decir, quién es sujeto a ser consultado, conlleva numerosas restricciones y requisitos difíciles de cumplir. Entre ellos, el probar nuestra descendencia indígena y el que mantenemos nuestras instituciones tradicionales propias.

Conservar todo o en parte de las instituciones y cultura originaria, dentro de nuestra tradición académica y política, ha resultado polémico y difícil de establecer y en la práctica social ha sido pretexto para sostener que en realidad no hay pueblos indígenas en nuestro país o que su presencia es mínima.

Continuar circunscribiendo a los pueblos indígenas dentro de comunidades es una visión esencialista y cerrada de lo que significa ser indígena hoy en pleno siglo XXI, cuando la identidad trasciende el ámbito de las comunidades y alcanza también las urbes y se transforma y renueva constantemente con el paso de la historia.

En el Perú el auto reconocerse parte de un pueblo indígena es un proceso reciente, que arrastra taras y herencias dolorosas de racismo y discriminación relacionadas con la denominación peyorativa de indios y que intentó ser superada con el nombre de campesinos, que en la práctica, ha significado una fragmentación cultural y social, de la cual han sacado partido diferentes gobiernos y empresas.

No resulta pues extraño que se cuestione además el que las comunidades de la costa no sean incluidas dentro del proceso de consulta, en previsión de que los proyectos agroindustriales sean sometidas a dicho instrumento.

CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú, desde hace más de 25 años, promueve la afirmación de la identidad cultural y el reconocimiento de los derechos de nuestros pueblos. Integrados por andinos y amazónicos y por nuestra alianza con organizaciones indígenas en ambos ámbitos, rechazamos el que se pretenda cuestionar quienes somos indígenas.

Consideramos que esta noción recae más bien en una reflexión íntima, personal, sobre nuestros orígenes, el espíritu del vivir colectivo y la cultura de nuestros antepasados tal y como lo señalan instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

A nivel internacional, los argumentos esgrimidos por este sector del gobierno han sido rebatidos y superados ampliamente.

Ya en 2009 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial CERD dijo al Perú que el uso de los términos “comunidades campesinas” y “comunidades nativas” corresponden a la categoría de “pueblos indígenas” y que por lo tanto, estas también tienen derecho a ser consultadas.

Ese mismo año, la Organización Internacional del Trabajo OIT, señaló que las comunidades campesinas, independientemente de su denominación, también son sujetas al Convenio Nro.169 por contar con una cultura y estructura social y económica propias y estar regidas por sus propias costumbres y tradiciones.

De vuelta a nuestro país, avances legislativos como la Ley Nº 27811, que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, esclarece que no es necesario el uso del término “indígena” para asegurar la protección de nuestros derechos.

La Defensoría del Pueblo también ha indicado en informes anteriores que es necesario contar con la participación de las organizaciones indígenas para fijar los criterios y mecanismos de identificación aplicables a la consulta.

Asimismo, manifestó claramente que en el Perú existe una discriminación histórica que acompaña el uso del término indígena, pero que ello no debería frenar la protección de los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad y libre desarrollo.

Lo que identificamos dentro del proceso de implementación de la Ley Consulta es la necesidad de restringir y reducir a un mínimo posible lo indígena, circunscribirlo a espacios geográficos definidos y reducir el número de pueblos y comunidades a ser consultados estableciendo criterios que no forman parte de lo establecido en el Convenio Nro.169 de la OIT.

Reafirmamos lo dicho por el Relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, durante su reciente paso por Lima: es el Estado quien debe facilitar la construcción de consensos en el futuro y una paz social duradera para los pueblos indígenas y la sociedad en su conjunto a través de la consulta.

CHIRAPAQ hace un llamado a la sociedad en su conjunto, para abrir nuestras mentes y despertar nuestro aletargado sentido de la justicia y la democracia, a fin de no permitir que la demanda de bienestar económico restrinja aún más los derechos de compatriotas históricamente excluidos, como son los pueblos indígenas.

Por el contrario, consideramos que la consulta permitiría un mayor control sobre el manejo de nuestros recursos naturales, brindándole la oportunidad a aquellos que los han preservado, de aportar en estas decisiones con miras hacia una nueva visión de desarrollo sostenible, que asegure este legado a las generaciones futuras y en beneficio de todos.

Perú retrocede en ley indígena para favorecer al sector minero.

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Lamentamos el giro del gobierno al no favoreer y fortalecer la ley de consulta previa para las comunidades indigenas de la sierra. Al despojo  que se inicio en la colonia con las mitas y la apropiacion de tierras, ahora se le suma  una pretendida invisibilizacion de las comundades indigenas de la sierra. El asunto es mas que semantico y esta cargado de historia violenta, tragica e injusta. Si no hubieran indigenas en la sierra, cual seria entonces el tronco, la fuente de la literatura indigenista, por ejemplo. Y cual habria sido el perennne objeto del racismo urbano, criollo y burgues contra  los indios andinos? Historicamente, desde el poder, todo lo referido a las comunidades  indigenas de la costa sierra y selva, ha estado plagado por la arbirariedad del signo, el abuso y una completa ignorancia tanto cultural como economica. La verdad que viene del poder suele ser politica y arbitraria. Su huachaferia  seria risible  a bo ser por su violencia,  Se disfraza de una  falsa obetividad apoyada por la prensa. Es Yanacocha y akatanqa. Pero mas que un problema semantico definido desde los centros de poder, incluido el ministro Merino y el propio presidente, vivimos  una epoca en que los pueblos indigenas reclaman con voz propia, de  ahi que en esta controversia  la voz mas clara es la de Tania Pariona, y con ella la de los pueblos indigenas peruanos. Es momento de superar el chantaje economico y la deificacion de las inversiones y el desarrollo por parte de la derecha Yanaqocha en el Peru. Su aporte al 6 por ciento del producto bruto interno no ha superado las graves divisiones sociales en el Peru, y las regiones donde tiene mayor presencia estan sumidas en la pobreza y el desastre ecologico. Articulo tomado de Chirapaq.
Perú retrocede en ley indígena para favorecer al sector minero.

Viceministro Iván Lanegra renunciará en los próximos días ante controversia sobre titularidad del derecho a la consulta previa de los pueblos andinos.

Tania Pariona, joven lideresa quechua de la organización Ñuqanchick, declaró a Reuters que pueblos indígenas deben decidir su propio desarrollo.

Lima, 01 mayo 2013 (Reuters/Por Mitra Taj y Teresa Cespedes).-  El ministro de minería del Perú está ganando una batalla crucial del gabinete al persuadir al presidente Ollanta Humala para debilitar una ley que da a los grupos indígenas mayor injerencia sobre las nuevas minas y proyectos petroleros – y un viceministro probablemente dimitirá en señal de protesta.

Según media docena personas, con conocimiento directo del tira y afloja interno, el ministro de energía y minas, Jorge Merino, ha prevalecido en la exclusión de las comunidades quechuas de los Andes, ricas en minerales, que serían amparadas por esta ley.

Fuentes dijeron que Merino teme que la aplicación de la ley a lo largo de la sierra – como el gobierno dijo planeaba hacer – demoraría una grueso de inversiones mineras de 50 billones de dólares.

Varias personas en oficina de Merino declinaron reiteradas solicitudes por teléfono y correo electrónico para dar sus comentarios.

La pelea subraya un dilema que enfrenta el Perú, una de las economías de más rápido crecimiento de América Latina: cómo aprovechar su enorme riqueza mineral mientras abordan un legado de la desigualdad de su pasado colonial.

La “Ley de consulta previa”, que Humala promocionó durante su campaña de 2011 como un bálsamo para conflictos sobre los recursos naturales, obliga a las empresas a negociar acuerdos con las comunidades indígenas antes de construir nuevas minas o pozos petroleros en sus tierras.

Si bien no da a las comunidades el poder de vetar un proyecto, los mineros han dicho que podría frenar aprobaciones de nuevas minas para todo, desde el oro al plomo.

“Merino se ha dado cuenta que con esta ley el gobierno se estaba perjudicando a sí mismo”, dijo una fuente de la industria.

Eva Arias, presidenta de la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, fue más diplomática.

“Esperamos que la ley no este politizada. Podría ser una herramienta para forjar un consenso y desarrollo… de lo contrario retrasarían las inversiones”, dijo a la prensa.

Tradicionalmente, la inversión extranjera en la minería ha impulsado la economía de rápido crecimiento del Perú. Fuentes del sector privado y el gobierno dijeron que el debate sobre cómo aplicar la nueva ley ha enfrentado a los ministerios de minería y economía contra los ministerios de cultura, del ambiente e inclusión social.

Ivan Lanegra, viceministro de Interculturalidad y encargado de implementar la ley, planea renunciar debido a estos cambios al terminar la semana, informaron dos fuentes de alta jerarquía.

“Merino parece haber ganado,” dijo un ex jefe de gabinete acerca de la controversia, agregando que los cambios podrían empeorar las tensiones entre los pueblos indígenas y las empresas, mismas que la ley pretendía evitar.

“Creo que es un gran error que pagaremos al final del día”, dijo la fuente. “Cuando estas comunidades se encolericen van a atacar a las minas bajo sus propias narices”.

Humala ha modificado su gabinete dos veces desde que las protestas contra la minería se tornaran violentas.

El Quechua – la lengua del Imperio Inca – es hablado por aproximadamente entre 3 y 5 millones de personas en Perú. El quechua es uno de los más numerosos y extensos pueblos de los casi 50 grupos indígenas que existen en el Perú.

¿Negación de derechos?

Lanegra mantiene que la ley debe incluir a las comunidades quechuas andinas porque son “indígenas” – con una única lengua y cultura, y el uso compartido de la tierra.

La posición de Merino es que el pueblo quechua no debe considerarse “indígena” bajo la ley porque se mezclaron con los colonizadores españoles hace siglos, a menudo sostienen asambleas comunitarias formales, y están menos aislados que los pueblos indígenas de la Amazonía.

Los activistas quechuas dicen verse a sí mismos como indígenas.

“No queremos ser invisible nunca más. Queremos el derecho a decir ‘esto es lo que queremos en términos de desarrollo,’ “dijo Tania Pariona, joven lideresa quechua de la región Ayacucho.

Los pueblos quechua a menudo han sido llamados “comunidades campesinas” desde la reforma agraria en la década de 1970, pero en la Amazonía – que contiene la mayor parte de proyectos de gas y petróleo del Perú – se conocen como “indígenas” o “nativas”.

La Defensoría del Pueblo dice que las “comunidades campesinas” poseen alrededor del 19% de toda la tierra y las “comunidades nativas” tan solo el 9%.

Las declaraciones de Humala, en una entrevista en televisión difundida el domingo, parecen respaldar la postura de Merino.

“En las tierras andinas hay principalmente comunidades agrarias… las comunidades indígenas están en su mayoría en la selva,” dijo Humala.

“El espíritu de la ley es dar voz a las comunidades que no la tienen”, dijo Humala. “Actualmente son pocas las comunidades que no cuentan con un representante, como un alcalde, que las articule con el gobierno.”

La posición adoptada por Humala puede frustrar aún más a los críticos que dicen que el presidente abandonó a parte de la izquierda que voto por él y se alineo con las grandes empresas al asumir el cargo.

“No es sobre la vulnerabilidad o la ‘pureza’ cultural, pero sí sobre la ‘diferencia cultural’,” dijo Lanegra días antes de las declaraciones de Humala.

“Los quechua son indígenas. No hay otro modo de verlo, bajo la ley peruana y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”, dijo Lanegra.

Evaluar caso por caso

Lanegra quería también que los proyectos de exploración minera se adhirieran a la ley, pero la semana pasada el gobierno eximió a 14 de ellos.

“Si no hay exploración no hay minería”, dijo Merino a la televisora Canal N. “Tenemos que seguir siendo competitivos, de lo contrario veremos como las inversiones senvan a otra parte”.

La minería constituye un 60% de los ingresos de exportación de Perú, aunque el gasto interno aunque haya elevado la tasa anual de crecimiento del país a un impresionante 6% en los últimos años.

Más de 20 países han ratificado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y funcionarios respetan el que Perú sea el primer país en reglamentar una ley de consulta previa.

Después de asumir el cargo, Humala firmó la ley en 2011 en la ciudad de amazónica de Bagua, donde un enfrentamiento entre la policía y los indígenas de la Amazonia mató a 33 personas en 2009, perjudicando al entonces presidente Alan García, cuyo mandato estuvo marcado por unos 200 muertos en las protestas.

En aquel momento Humala señaló que el pueblo quechua sería uno de los grupos que incluiría la ley.

Al menos 24 personas han muerto hasta el momento en conflictos sociales durante la administración de Humala –principalmente por disputas sobre los recursos naturales.

Muchos pueblos temen que la minería contamine, consuma las escasas fuentes de agua o no lleve la suficiente cantidad de empleos e ingresos por recaudación de impuestos.

Casi un año y medio desde que el Congreso aprobó la ley, Perú se inclina ahora a determinar si una comunidad es apta para ser considerada o no por la misma según se crea conveniente.

“El registro de los pueblos indígenas se desarrollara a medida que pase el tiempo”, dijo a Reuters el primer ministro, Juan Jimenez, la semana pasada.

(Información adicional de Patricia Velez y Terry Wade; Edición a cargo de Mary Milliken y Philip Barbara)

Traducción al español / Foto: CHIRAPAQ.